El crimen organizado avanza con paso firme y amenaza cada vez más a las instituciones democráticas.
Costa Rica no escapa a esta realidad y el Poder Judicial, pilar fundamental del Estado de derecho, no puede permitirse fisuras que faciliten su infiltración.
La reciente propuesta legislativa del diputado Rodrigo Arias, respaldada por la Corte Suprema de Justicia, precisamente busca cerrar cualquier resquicio que pueda ser aprovechado por estructuras criminales.
El proyecto de ley, identificado como expediente 24.860, plantea una reforma clave en el régimen disciplinario de ese poder de la República mediante la creación del Tribunal Administrativo Sancionador, con el fin de robustecer los procesos de investigación y sanción contra funcionarios que incurran en faltas graves.
Esta iniciativa responde a una necesidad urgente: contar con herramientas más ágiles y efectivas para detectar y sancionar comportamientos irregulares dentro de la institución.
Actualmente el régimen disciplinario presenta deficiencias estructurales que limitan la capacidad de respuesta ante casos de corrupción, acoso laboral y sexual, así como posibles nexos con redes criminales.
Las investigaciones tardan demasiado y los procesos sancionatorios no siempre logran un desenlace acorde con la gravedad de las faltas.
En ese escenario se corre el riesgo de que el crimen organizado logre tejer redes de complicidad dentro del sistema judicial, afectando la imparcialidad de las resoluciones y debilitando la confianza ciudadana en la administración de justicia.
La corrupción interna no debe verse como un problema aislado, sino como una amenaza directa a la estabilidad del país. Si no se toman medidas firmes, la criminalidad organizada podría influir en decisiones clave, facilitando la impunidad y debilitando la seguridad nacional.
La reforma no solo endurece los controles, sino que también los amplía a todos los funcionarios judiciales, sin importar si su nombramiento es en propiedad, interino o si forman parte de listas de suplentes y elegibles.
Esta ampliación del régimen disciplinario es un acierto, pues cierra espacios que podrían ser utilizados para evadir responsabilidades.
Además la iniciativa introduce mecanismos alternativos de resolución de conflictos y establece parámetros claros sobre el debido proceso.
Sin embargo, lo más relevante es la creación del Tribunal Administrativo Sancionador, compuesto por tres jueces o juezas especializados en analizar denuncias de corrupción y otras faltas graves.
Esta instancia también podrá desestimar denuncias infundadas y atender recusaciones de sus integrantes, lo que refuerza la transparencia del proceso.
Otro punto clave de la reforma es la prohibición de reingreso a la institución por un periodo de 10 años para cualquier empleado despedido por faltas graves.
Esta disposición es fundamental para evitar que funcionarios sancionados encuentren vías para regresar al sistema mediante atajos administrativos o nuevas postulaciones.
La lucha contra la infiltración criminal no debe limitarse al ámbito disciplinario. En la reciente reunión entre el Poder Judicial y la Asamblea Legislativa se acordó dar prioridad a dos proyectos adicionales que refuerzan la seguridad: una reforma en la ejecución de penas y un plan para combatir el lavado de dinero y la narcoeconomía.
La urgencia de estos cambios es evidente, pero la velocidad con que se ejecuten dependerá del compromiso de los legisladores y de la presión ciudadana para exigir medidas concretas.
La justicia debe ser la última barrera contra la corrupción y el crimen organizado. Si el propio sistema judicial permite la infiltración de actores criminales, el país perderá su capacidad de reacción ante la escalada de violencia y corrupción.
Aprobar este proyecto de ley representa un paso crucial para fortalecer la integridad de la institución.
