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En Costa Rica, la justicia se diluye antes de llegar al estrado. Según el más reciente Informe Estado de la Justicia, entre un 70% y un 80% de las denuncias penales se desestiman o archivan en la etapa preliminar. Solo dos de cada 10 casos sobreviven lo suficiente para acercarse a juicio.
El resto se desvanece en trámites, omisiones y cuellos de botella. Así se alimenta, día con día, la percepción de impunidad que carcome la confianza ciudadana.
Aunque el informe reconoce mejoras presupuestarias y un aumento en la dotación de jueces, especialmente en materia penal y contra el crimen organizado, también señala con crudeza que el Poder Judicial continúa atrapado en un modelo centralista, rígido y con severos rezagos estructurales.
La Corte Suprema y el Consejo Superior concentran el poder decisional, limitando la innovación institucional y dificultando reformas de fondo. La justicia sigue gestionada desde arriba, lejos del pulso ciudadano.
Peor aún es el panorama del régimen disciplinario interno: apenas el 7 % de las denuncias contra funcionarios judiciales termina en una sanción.
La Inspección Judicial carece de autonomía y los casos se empantanan en Corte Plena.
No hay mecanismos eficaces para corregir errores ni para prevenir abusos o actos de corrupción. La sensación de que nada pasa cuando alguien falla dentro del sistema mina su legitimidad.
Mientras tanto, el desgaste institucional se vuelve inocultable. Indicadores internacionales advierten sobre el deterioro del Estado de derecho en Costa Rica.
Si los ciudadanos pierden la fe en la justicia, pierden también la fe en la democracia. El país no puede seguir posponiendo la discusión sobre una verdadera reforma judicial. No basta con inyectar recursos: se requiere voluntad para transformar desde adentro, descentralizar decisiones, fortalecer la rendición de cuentas y garantizar que quien denuncia encuentre respuesta.
Sin justicia pronta, cumplida y creíble, no hay república que se sostenga.