Un paso necesario hacia la transparencia fiscal
Editorial
La implementación de la versión 4.4 de la factura electrónica, que entrará en vigor en setiembre, marca un momento crucial en la modernización del sistema tributario costarricense.
Con más de ¢10,8 billones transferidos anualmente por Sinpe Móvil, esta plataforma se ha convertido en un pilar fundamental de nuestra economía digital, y es momento de que nuestro sistema de control fiscal evolucione al mismo ritmo.
La obligatoriedad de registrar las transacciones por Sinpe Móvil en las facturas electrónicas no constituye, como algunos podrían malinterpretar, la creación de un nuevo impuesto.
Se trata, más bien, de una herramienta de transparencia que permitirá a Hacienda obtener una radiografía precisa de cómo operan realmente los negocios en nuestra economía digitalizada.
Esta medida responde a una necesidad impostergable: cerrar las brechas que facilitan la evasión fiscal y garantizar que todos los contribuyentes cumplan con sus obligaciones de manera equitativa.
Es fundamental aclarar que estas modificaciones no afectarán las transacciones personales entre familiares o amigos. El enfoque está exclusivamente dirigido hacia las operaciones comerciales que deben generar factura electrónica.
Esta distinción es crucial para desmitificar temores infundados sobre la privacidad de las transferencias cotidianas entre ciudadanos.
Sin embargo, la efectividad de esta medida dependerá críticamente de la capacidad institucional del Ministerio de Hacienda. No basta con recopilar información; es indispensable que la Administración Tributaria cuente con la infraestructura tecnológica, el personal capacitado y los recursos necesarios para procesar, analizar y custodiar adecuadamente estos datos.
La promesa de tener claridad sobre los porcentajes de uso en seis meses debe respaldarse con inversión real en capacidades analíticas.
En el marco de la lucha contra el fraude fiscal, estas modificaciones son no solo necesarias, sino urgentes.
La evasión tributaria no solo representa una pérdida de recursos para el Estado, sino una injusticia para aquellos contribuyentes que sí cumplen con sus obligaciones.
Cada colón evadido es un colón menos para educación, salud, infraestructura y programas sociales que benefician a toda la ciudadanía.
No obstante, el Estado tiene una responsabilidad ineludible: demostrar que estos controles adicionales se traducen en una administración más eficiente de los recursos públicos.
Los ciudadanos tienen derecho a exigir que cada mejora en la recaudación se refleje en mejores servicios públicos y en un uso transparente y eficiente de sus impuestos.
La modernización del control tributario debe ir acompañada de una modernización en la rendición de cuentas.