Es necesario cambiar el concepto de que la criminalidad es importada, pero tampoco podemos obviar que los tentáculos del crimen organizado trascienden nuestras fronteras e incluso se interconectan.
La posición geográfica de nuestro país ha hecho que no solo seamos un puente para el trasiego de drogas, sino que muchas bandas han extendido sus estrategias y prácticas en otras naciones.
La influencia de países como México o Colombia, así como los recientes casos de prófugos que se han desplazado desde Honduras con misiones de sicariato, deben encender las alarmas.
Por ese motivo las reformas legales que el país pueda generar son cruciales para que las autoridades no se queden relegadas. Si bien no todo depende de la Asamblea Legislativa, pues desde el Poder Ejecutivo y del Poder Judicial también se deben de generar acciones, hay vacíos legales que no deben quedar en veremos.
De ahí que reviste de importancia la reforma aprobada a la Ley de Migración y Extranjería para revocar la naturalización de condenados por narcotráfico, ya que representa un paso significativo hacia el fortalecimiento del tejido social y la protección de la legalidad.
Esta nueva medida responde a una necesidad urgente: asegurar que aquellos que, habiendo recibido la ciudadanía costarricense, se vean involucrados en actividades ilícitas de narcotráfico no puedan beneficiarse de su estatus para evadir la justicia. La revocación de la naturalización en estos casos no solo actúa como un fuerte disuasivo contra la delincuencia organizada, sino que también reafirma el compromiso de Costa Rica con la seguridad y el bienestar de todos sus ciudadanos.
Uno de los aspectos más positivos de esta reforma es su capacidad para enviar un mensaje claro y contundente: el país no tolerará que su estatus de ciudadano sea utilizado para fines criminales. Esta política fortalece el sentido de responsabilidad y de pertenencia asociado con la ciudadanía costarricense, subrayando que los derechos y privilegios que esta conlleva deben ser acompañados de un comportamiento tanto íntegro como respetuoso de la ley.
El Estado costarricense necesita mejores herramientas para enfrentar desafíos complejos en los tiempos actuales. Es responsabilidad de todas las autoridades ponerse de acuerdo para lograr los objetivos.
En conclusión, la reforma aprobada en Costa Rica para revocar la naturalización en casos de condena por narcotráfico es una medida positiva que fortalece nuestra lucha contra la criminalidad y reafirma el compromiso con la legalidad y la seguridad.
Es una acción que busca proteger a la ciudadanía y garantizar que el estatus de ciudadano no sea un refugio para quienes atentan contra el orden y la justicia. Al tomar este paso, Costa Rica demuestra su determinación para construir un entorno más seguro y justo para todos.