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Costa Rica enfrenta una crisis silenciosa que golpea el bolsillo y la salud de miles de familias: el precio de los medicamentos. No se trata de un problema nuevo, pero su persistencia y agravamiento evidencian que las medidas adoptadas hasta ahora han sido insuficientes, reactivas y, en muchos casos, mal concebidas. Mientras la clase política lanza iniciativas con bombo y platillo cada cierto tiempo, los costarricenses siguen pagando precios que duplican y hasta triplican los de países vecinos por los mismos fármacos.
Los números son elocuentes. Un anticonceptivo que costaba ¢8.000 en 2019 alcanzó los ¢15.501 en octubre de 2025, acumulando 44 meses consecutivos de aumentos. Medicamentos como el Tramal cuestan ¢12.000 en Costa Rica, mientras que en El Salvador o Colombia rondan los ¢4.500. Antihipertensivos básicos registraron incrementos del 66% en menos de un año. Estos no son casos aislados: son el reflejo de un sistema que privilegia intereses comerciales sobre el derecho fundamental a la salud.
La recién aprobada Ley de Fomento y Promoción de la Competencia en el Mercado de Medicamentos (expediente 23.234) promete, una vez más, reducir costos mediante la fijación de precios de referencia, la homologación de registros sanitarios y la importación paralela. Sin embargo, la historia reciente nos enseña a ser escépticos. En febrero de 2025, entró en vigencia un decreto que regulaba márgenes de ganancia y que el propio presidente Rodrigo Chaves reconoció como un fracaso meses después. Las medidas gubernamentales han sido parches que atienden síntomas sin atacar las causas de fondo.
El diagnóstico es claro y ha sido expuesto repetidamente por expertos: el problema comienza con el precio inicial CIF que los laboratorios internacionales asignan a Costa Rica, el más alto de Centroamérica. Como país de renta media, los laboratorios nos cobran más desde el punto de partida. Ese sobreprecio se amplifica a través de una cadena de distribución altamente concentrada, donde tres empresas que controlan el 60% del mercado y, además, son dueñas de sus propias cadenas de farmacias. Esta verticalización elimina la competencia real: las farmacias independientes no pueden adquirir medicamentos a precios competitivos porque sus proveedores son también sus competidores.
La seguridad, eficacia y calidad de los medicamentos son innegociables, y la nueva ley deja aspectos críticos sin definir, como la garantía de abastecimiento.
La nueva ley puede ser un punto de inflexión o convertirse en otro parche más. La diferencia estará en la voluntad política de implementarla con decisión, respaldada por recursos suficientes y controles efectivos. Cada día de inacción significa familias que no pueden costear sus tratamientos, personas que racionan medicamentos vitales, y un sistema que traiciona el principio constitucional del derecho a la salud.