Un llamado a legislar, no a obstruir

Editorial

El 54% de los reclamos de los oficiales son por montos menores a ¢60 mil.


El discurso de Yara Jiménez marca un punto de inflexión. Ahora les toca a los diputados de oposición demostrar su compromiso

Cuando la diputada Yara Jiménez asume la presidencia de la Asamblea Legislativa, no se limitó a pronunciar un discurso de rigor. Lanzó un diagnóstico claro, incómodo y urgente sobre lo que fue la legislatura que termina: cuatro años desperdiciados en gran medida en trincheras partidarias, en filibusterismo calculado, en confrontaciones estériles que costaron muy caro al país. Esto a pesar de las muchas leyes aprobadas por el anterior plenario, varios proyectos urgentes para el país quedaron pendientes, además de la pésima imagen que el Congreso obtuvo. Por eso, el llamado a desterrar esa dinámica no fue retórica. Fue una advertencia.  Costa Rica no puede darse el lujo de otra legislatura perdida. Los problemas que agobian a los costarricenses empleo, seguridad ciudadana, infraestructura vial, deuda pública, atención de la CCSS, educación, no esperan. Llevan años esperando. Y mientras los diputados se entretienen en guerras de desgaste, las familias costarricenses pagan las consecuencias.

La legislatura que termina: un espejo que no se puede ignorar

El período constitucional que concluye quedará marcado, en demasiados episodios, por el uso perverso de los mecanismos parlamentarios para bloquear en lugar de construir. El filibusterismo se convirtió en una táctica rutinaria. Las mociones dilatorias proliferaron no como instrumento de análisis profundo, sino como arma de obstrucción política. Proyectos de ley de evidente necesidad nacional se enterraron en comisiones, se ahogaron en interminables listas de oradores o murieron al no votarse en tiempo.

Los costarricenses lo vieron y lo juzgaron. Las encuestas de confianza en la Asamblea Legislativa hablan por sí solas. Cuando una institución pierde la credibilidad ante la ciudadanía, no es porque el país no entienda la política; es porque la política no está respondiendo al país.

Los diputados del Partido Liberación Nacional y del Frente Amplio, las dos bancadas de oposición con mayor peso en el nuevo cuatrienio tienen un peso de responsabilidad. 

Ambos partidos tienen tradición, historia e ideología. Eso no se discute. Pero tener una visión política diferente a la del Poder Ejecutivo no es sinónimo de obstruir por obstruir. La oposición legítima construye alternativas, fiscaliza con rigor, propone mejoras. La oposición ilegítima simplemente paraliza.

Los votantes que eligieron a diputados del PLN y del FA no los mandaron al Congreso a impedir que se legisle. Los mandaron a representarlos, a defender sus intereses, a mejorar los proyectos que lleguen al plenario y a velar por que el país avance. Hay una diferencia enorme entre ejercer control político riguroso, que es sano y necesario en toda democracia y convertir cada sesión en una trinchera ideológica donde el fin último es desgastar al adversario, no servir al ciudadano.

El respeto al voto de las mayorías es un pilar de la democracia representativa. En una Asamblea de 57 diputados, cuando existe una mayoría clara a favor de una propuesta, esa mayoría tiene el derecho y la obligación de legislar. Las minorías tienen el derecho a expresar su posición, a debatir con argumentos sólidos, a proponer enmiendas razonadas. No tienen el derecho de secuestrar indefinidamente el proceso legislativo para imponer su voluntad sobre la de la mayoría.

Una oportunidad histórica que no se puede desperdiciar

El nuevo cuatrienio arranca con un hito sin precedentes: por segunda vez en la historia, Costa Rica tendrá una mujer presidenta de la República, la señora Laura Fernández Delgado y una presidenta en la Asamblea Legislativa de manera simultánea. Además, 30 de los 57 diputados son mujeres, lo que constituye una mayoría histórica de representación femenina en el Congreso. Esto no es un dato anecdótico; es una transformación estructural que el país tardó décadas en construir y que merece estar a la altura de sus propias promesas.

Desperdiciar este momento en disputas de baja política sería una irresponsabilidad de proporciones monumentales. La ciudadanía costarricense, que acudió a las urnas con esperanza renovada, merece ver resultados concretos: leyes que mejoren su vida, presupuestos responsables, fiscalización efectiva del Ejecutivo, reformas largamente postergadas en materia de pensiones, empleo formal, educación técnica y seguridad.

Lo que le pedimos al nuevo Congreso

Respaldamos la visión de Yara Jiménez porque su discurso inaugural refleja lo que miles de costarricenses piensan, pero rara vez escuchan desde una tribuna parlamentaria: que el diálogo debe ser la herramienta y el bien común debe ser el norte. Le pedimos a la nueva presidenta de la Asamblea que mantenga esa firmeza incluso cuando las presiones políticas la inviten a ceder ante la dinámica del obstruccionismo. La historia de las instituciones se construye con coherencia, no con declaraciones. Los costarricenses están hartos del espectáculo. Quieren resultados. Quieren ver que sus representantes son capaces de sentarse, discutir con seriedad, ceder cuando es necesario y votar cuando hay que votar. Quieren un Congreso que funcione.