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Randall Murillo
Cámara Costarricense de la Construcción.
En el sector construcción, cada proyecto es un entramado de contratos, plazos, especificaciones técnicas y múltiples actores que deben coordinarse para convertir planos en realidad. Con esa complejidad, los conflictos son inevitables: diferencias en los cronogramas, interpretaciones contractuales, variaciones en costos, disputas sobre calidad de materiales o incumplimientos en los tiempos. Por eso, la pregunta no es si habrá conflictos, sino cómo se resolverán.
Hasta ahora, muchos de esos desacuerdos terminaban en tribunales, donde los procesos judiciales pueden prolongarse durante años, con consecuencias negativas para inversionistas, contratistas, proveedores e incluso para el interés ciudadano cuando se trata de obras de infraestructura pública estratégica.
Con la entrada en vigencia de la Ley General de Contratación Pública en 2022, para las licitaciones mayores de obra pública, el uso de un comité de expertos resulta de carácter obligatorio. Este mecanismo busca atender las controversias que se susciten durante la etapa de ejecución de un contrato de obra pública, sin que exista suspensión del proyecto. Los miembros de estos Comités son seleccionados de las listas de profesionales acreditados ante centros de resolución de controversias autorizados, como lo es el caso del Centro de Arbitraje y Mediación (CAM) del Colegio de Abogadas y Abogados de Costa Rica.
En este contexto, el convenio firmado entre la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC) y el CAM representa mucho más que una alianza institucional: es una herramienta concreta para modernizar la gestión de conflictos en la construcción.
Además de atender disputas, este nuevo espacio del Centro de Resolución de Controversias en la sede de la CCC en Llorente de Tibás, se convertirá también en un punto de encuentro para el conocimiento. Desde aquí se desarrollarán capacitaciones, charlas y la provisión de herramientas prácticas que permitirán a las empresas, profesionales y actores del sector fortalecer sus competencias en materia de contratos, gestión de proyectos y resolución preventiva de conflictos, contribuyendo así a un gremio más sólido, preparado y competitivo.
El sector construcción apuesta por la modernización, la prevención de conflictos y el fortalecimiento de la institucionalidad. Y lo hace en un momento en que el país necesita acelerar la ejecución de proyectos estratégicos, mejorar su infraestructura y promover un clima de confianza para la inversión.