Las instituciones públicas tienen que ver cómo arreglan sus finanzas públicas, pero el Poder Ejecutivo no echará marcha atrás en que hagan un aporte extraordinario.
Así lo manifestó Elián Villegas, ministro de Hacienda, quien considera que llegado el momento a estas entidades se les pediría cuentas, pues es como que un socio dé una orden a un gerente y este la rechace.
“Estamos pidiendo a la empresa pública un 0,20% del PIB (Producto Interno Bruto). Son ¢75 mil millones por cuatro años. Me parece que es razonable. El pueblo está en una situación económica difícil. No es un impuesto más y es para el país, no para el gobierno”, acotó Villegas.
El planteamiento del Ejecutivo es que estas empresas públicas hagan un aporte solidario de hasta el 30% de sus utilidades como una medida temporal y extraordinaria para enfrentar la crisis generada por la pandemia, así como contribuir con la sostenibilidad de las finanzas estatales.
Sin embargo, tal como lo publicó DIARIO EXTRA, al menos 5 de las 14 que esperan gravar registraron pérdidas en los últimos dos años.
Se trata de Compañía Nacional de Fuerza y Luz S.A. (CNFL), Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer), Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva).
Villegas dio las declaraciones, tras asistir al Congreso a defender uno de los proyectos que conforman la agenda legislativa sobre las medidas de ajuste hacia la sostenibilidad de las finanzas públicas, relacionadas con el acuerdo a nivel técnico entre las autoridades costarricenses y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Se trata de la “Ley de reducción de beneficios fiscales y ajustes de tarifas de rentas del capital para fortalecer el sistema fiscal”, expediente 22369.
Este pretende generar nuevos ingresos a la Hacienda Pública a través de un incremento del 5% en las tarifas del impuesto a las remesas provenientes del exterior.
Además de la homologación inmediata y permanente de las tasas de rentas de capital a la tarifa general del 15% (actualmente algunas están en 8%).
De igual modo, plantea un incremento temporal de esta tarifa en un 1,5% por dos periodos consecutivos y la eliminación de la no sujeción del impuesto sobre la renta del salario escolar.
De acuerdo con las estimaciones de Hacienda, estas acciones generarían al fisco 0,12%, 0,35% y 0,34% del PIB en 2022, 2023 y 2024, respectivamente.
COOPERATIVAS SÍ,
ZONAS FRANCAS NO
Al referirse a los alcances de la iniciativa, el ministro aclaró que no contempla modificaciones al tratamiento tributario de los rendimientos de los fondos de pensiones, tampoco modificaciones al régimen jurídico tributario de las zonas francas.
Considera que eso no será posible por el aporte que estas empresas hacen en este momento para el desarrollo costarricense y estímulo para la inversión extranjera que tanto necesita el país.
En cuanto a cooperativas aclaró que se varía únicamente el tratamiento tributario en la distribución de excedentes y que incluso esta modificación está contemplada en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (No.9635). Lo que se hace en este proyecto es adelantar el cambio, no aplicarlo de manera paulatina, como se indica en dicha ley.
“Estos proyectos son prioritarios para el gobierno y para el país. Vimos mucho interés de los señores diputados de la comisión en estos temas. Nos encontramos en una etapa de exploración y como siempre lo hemos hecho, estamos en la mejor disposición de atender todas sus inquietudes, sobre todo una vez que hayan recibido los criterios de organizaciones que han sido consultadas”, manifestó.