La Asamblea Legislativa ha vuelto a demostrar su desconexión absoluta con la realidad nacional. Mientras el país enfrenta desafíos económicos, sociales y de gobernabilidad, un buen número de diputados parecen más preocupados por acumular millas y sellos en sus pasaportes que por cumplir con su responsabilidad fundamental: legislar para el beneficio de los ciudadanos.
Los números son reveladores y desalentadores. De los 57 diputados, 49 han realizado un total de 270 viajes al extranjero desde que asumieron sus curules en 2022. Un verdadero catálogo de turismo parlamentario que roza lo obsceno.
La diputada Rosaura Méndez, del Partido Liberación Nacional (PLN), lidera este ranking con 17 periplos a destinos como Rusia, Suiza, Bélgica, Marruecos y Japón, supuestamente por su cargo en una federación deportiva universitaria.
¿Qué beneficios han dejado al país los viajes de la liberacionista? La verdad no lo sabemos, incluso es notorio cómo casi ningún legislador ejecuta una labor de divulgación de los resultados de sus salidas al exterior.
El Informe Estado de la Nación lo ha dicho en reiteradas oportunidades: estamos ante la productividad legislativa más baja desde 1986. Apenas el 11% de las legislaciones impulsadas por el Gobierno han sido aprobadas, mientras nuestros representantes se dedican a realizar peregrinajes internacionales bajo el disfraz de “misiones oficiales”.
Los ejemplos abundan y resultan elocuentes. Fabricio Alvarado ha realizado cuatro visitas a Estados Unidos para “foros sobre libertad”, Dinorah Barquero fue a una feria tecnológica en China y otros tantos han visitado eventos tan trascendentales como un seminario sobre cacao en Perú o una cumbre contra el antisemitismo en Uruguay. La pregunta es inevitable: ¿qué beneficio real obtiene Costa Rica de estos viajes?
La parálisis política se torna evidente. El Programa Estado de la Nación ya señaló la incapacidad de las fuerzas políticas para construir acuerdos y los actuales representantes parecen más interesados en promover sus propias agendas que en generar consensos multipartidistas.
Es momento de exigir responsabilidad. Cada viaje debe traducirse en beneficios concretos para el país, no en simples experiencias personales financiadas con fondos públicos. La ciudadanía merece congresistas comprometidos con la legislación, no con el turismo parlamentario.
Y si bien la mayoría de estos viajes son costeados por las organizaciones que cursan la invitación a los diputados, resulta que la gran mayoría se va de paseo con permiso, claro, para no perder la dieta que reciben del dinero de los impuestos.
Necesitamos una profunda transformación en nuestra cultura política. Los congresistas deben entender que su trabajo es legislar, no viajar. Cada pasaje, cada viático, cada día fuera del país representa un recurso sustraído de las necesidades más urgentes de los costarricenses.
La transparencia debe ser nuestra mejor herramienta. Que cada diputado rinda cuentas detalladas de sus periplos, de los resultados concretos y del impacto real para el país. Solo así podremos recuperar la confianza en una institución que hoy parece más dedicada a sus intereses personales que al servicio público.
