El 2025 marca el bicentenario de la Asamblea Legislativa, una institución que simboliza la esencia misma de nuestra democracia.
Este aniversario no solo nos invita a celebrar la representación del pueblo en el Primer Poder de la República, sino también a reflexionar profundamente sobre su rol, su funcionamiento y las medidas necesarias para garantizar que continúe siendo un pilar efectivo de nuestra vida democrática.
El Congreso no es solo un recinto donde se debaten leyes, sino el corazón del sistema de pesos y contrapesos que da vida a la transparencia y la rendición de cuentas en nuestro Estado.
Sin embargo, después de 200 años, parece estar mostrando signos de agotamiento, así como una rigidez institucional que obstaculiza la implementación de los grandes proyectos que el país necesita para prosperar.
Uno de los mayores retos que enfrenta dicha institución es la falta de consensos. La fragmentación política, resultado de un entorno electoral que fomenta la proliferación de partidos, ha llevado a la incapacidad de articular mayorías claras.
Esto dificulta no solo la aprobación de iniciativas urgentes, sino también la generación de políticas públicas a largo plazo.
Temas críticos como la modernización de la infraestructura, la aprobación de jornadas excepcionales de 12 horas o reformas urgentes en materia fiscal se han quedado estancados en el fango del debate político.
Mientras tanto, Costa Rica pierde competitividad y oportunidades de desarrollo. En este contexto, surge una pregunta crucial: ¿es momento de considerar un cambio hacia un sistema parlamentario que permita una mayor eficacia en la toma de decisiones?
En un sistema de ese tipo, el jefe de gobierno es también parte del Parlamento, lo que garantiza que el Ejecutivo no solo actúe como gestor de políticas públicas, sino que también participe activamente en el debate legislativo y rinda cuentas de forma directa. Además, este modelo puede facilitar la formación de coaliciones que permitan la gobernabilidad, reduciendo los bloqueos que genera la fragmentación política.
Abrazar la vía parlamentaria no solo se trata de facilitar la aprobación de leyes, sino de fortalecer el diálogo político. En este modelo, la cabeza del Ejecutivo debe negociar constantemente con los miembros del Legislativo para mantener su puesto, fomentando una cultura política basada en el consenso y la colaboración. Esto podría convertirse en una respuesta a la desconexión que muchas veces existe entre ambos Poderes en nuestro sistema presidencialista actual.
En los últimos años, hemos visto cómo el Ejecutivo ha asumido, de manera inusual, un rol de control político, una función que corresponde naturalmente al Legislativo. Esta dinámica genera tensiones entre los Poderes del Estado y pone en evidencia las limitaciones que tenemos para adaptarnos a las demandas del siglo XXI.
La intervención del Gobierno en dicho rol no solo distorsiona el equilibrio de poderes, sino que también subraya la urgencia de modernizar nuestro sistema gubernamental. Si el Legislativo no cumple su función de fiscalización y el Ejecutivo continúa ocupando ese espacio, se corre el riesgo de consolidar una concentración de poder que debilite nuestra democracia.
El bicentenario del Primer Poder de la República debe ser un punto de inflexión. No se trata únicamente de celebrar su historia, sino de evaluar críticamente su presente y proyectar su futuro. Costa Rica necesita un modelo de gobernanza que esté a la altura de los desafíos actuales.
Esto incluye no solo considerar un posible cambio hacia una modalidad parlamentaria, sino también fortalecer la educación cívica, fomentar el liderazgo político y promover la participación ciudadana en los procesos democráticos.
La reforma del sistema político no es una tarea sencilla ni inmediata, pero constituye una conversación que no podemos seguir postergando. La Asamblea Legislativa, como representante natural del pueblo, tiene la responsabilidad de liderar este debate y de tomar las decisiones necesarias para garantizar que nuestra democracia siga siendo una herramienta efectiva para el desarrollo.
A lo largo de 200 años, el Congreso ha sido testigo de los grandes hitos de nuestra historia republicana: un espacio de debate, de confrontación de ideas y de construcción de consensos. Sin embargo, para que siga cumpliendo con su papel en los próximos 200 años, es fundamental que se adapte a los tiempos que corren.