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Hace unos días presenciamos un hecho histórico cargado de voluntad política, al ser presentado ante la opinión pública, un acuerdo por parte de seis fracciones parlamentarias (PLN, PUSC, ML, PRC, PADC y PRN) que suman a 34 de 57 legisladores en pro de un Parlamento más eficiente.
Dicho acuerdo, tiene entre sus objetivos: impulsar la generación de más y mejores empleos; mejorar la calidad de vida de los costarricenses; racionalizar el gasto público y establecer reglas fiscales; modernizar el Estado costarricense, así como promover un Congreso más enfocado en los grandes temas de la agenda nacional, transparente y cercano a la ciudadanía.
Par ello, las seis fracciones parlamentarias se han propuesto acciones concretas en materia de infraestructura, educación, desregulación y seguridad jurídica, servicios públicos como la generación de energías renovables, entre otros temas.
Sin embargo y a pesar de lo esperanzador del acuerdo, han surgido voces discordantes que parecen no conocer la dinámica parlamentaria, la vida en democracia y la valía que adquieren los acuerdos que son producto del diálogo y la negociación, en beneficio de temas de interés nacional.
En este punto, se debe comprender que los diputados deben interpretar la voluntad de la ciudadanía, ejerciendo el mandato para el cual resultaron electos y el cual incluye el trabajo en temas que abarcan distintos ámbitos de la agenda pública y que tienen repercusiones en la vida de todos y cada uno de nosotros. Esta es la razón por la cual los pactos entre partidos lejos de ser contrarios a la democracia, expresan su misma esencia.
En el caso costarricense y específicamente ante una coyuntura como la actual, donde el Gobierno de la República ha demostrado a lo largo de un año de gestión, su inexperiencia, falta de habilidad, torpeza para entablar diálogos productivos y una sistemática contradicción con los más elementales principios de la administración del Estado y la gobernabilidad del país, corresponde a las fuerzas que componen la oposición, ejercer el poder de manera seria, responsable y propositiva, en beneficio del desarrollo y la estabilidad nacional.
De tal manera, el acuerdo pactado por la oposición es reflejo del compromiso y la voluntad con la gobernabilidad democrática, el cual, así como todo acuerdo que se firme en democracia, debe estar regido por los principios de trasparencia, justicia, equidad y paz social. La gobernabilidad democrática no es solo estabilidad y ausencia de conflictos sino también un orden eficaz donde las distintas fuerzas políticas le garantizan a su población el compromiso con la eficiencia.
Así como se señala reiteradamente que la democracia pierde legitimidad cuando la población percibe que la clase política antepone sus intereses particulares al bien público o evalúa como ineficaces las políticas públicas para resolver los problemas que la afectan, por factores relacionados en su mayoría con la falta de probidad y corrupción; de la misma manera se deben apoyar y promover la búsqueda de consensos que devuelvan la confianza en la política y los representantes electos en cargos de toma de decisión como son los diputados y diputadas ante la Asamblea Legislativa.
Eso sí, confiar en los acuerdos no debe ser interpretado como confiar a ciegas en todo acuerdo por legítimo que sea, dado que otro de los compromisos en democracia debe ser el reforzamiento de los mecanismos de control y responsabilidad, tanto política como administrativa de los órganos del Estado.
El Pacto por un Parlamento más eficiente, es un primer gran paso de madurez política en el inicio de esta legislatura, el cual debe ser apoyado por todas y todos quienes queremos ver este país cada día más desarrollado, justo, solidario, equitativo e inclusivo y para ello, el apoyo que brindemos debe ser acompañado del deber ciudadano por exigir de quienes legítimamente ejercen el poder e impulsan iniciativas como esta, que la agenda que le da vida llegue a buen puerto, haciendo honor a la palabra empeñada.
Lo que debe quedar claro es que alcanzar acuerdos nacionales es una exigencia democrática. No hay que tener miedo a pactar, ni a ejercer el poder.
Los ciudadanos deben ser tratados a la altura y los políticos deben tener capacidad para argumentar sus decisiones, aunque sean arriesgadas, pues el proceso de devolver la confianza en la política y de recobrar la credibilidad requiere necesariamente de anteponer los intereses generales a los propios, ya que la bandera que debe primar en todo acuerdo entre actores políticos o sociales no debe ser otra más que la costarricense.
*Politólogo. Magíster en
Estudios Internacionales