La Cruz Roja Costarricense, institución benemérita que ha salvado innumerables vidas en sus 137 años de historia, clama por el respaldo legislativo que le permita operar con mayor eficacia. La aprobación del expediente legislativo 23.500 no es solo una necesidad operativa, sino un acto de justicia para quienes, de forma altruista, han estado presentes en cada emergencia que enfrenta el país.
El reciente paso del huracán Rafael y la onda tropical Sara evidenció las dificultades que enfrenta la Cruz Roja para movilizar sus recursos en medio de una emergencia nacional. Según Dyanne Marenco, presidenta de la institución, contar con un marco legal robusto habría permitido una respuesta más ágil y ordenada, especialmente en la incorporación de voluntarios, quienes son el alma de esta organización.
La ley propuesta establece mecanismos esenciales, como la posibilidad de que voluntarios se sumen antes de la declaratoria oficial de emergencia por parte de la Comisión Nacional de Emergencias.
Este simple cambio puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte en situaciones críticas, donde cada segundo cuenta. Además, contempla la obligación de los patronos de permitir a sus colaboradores, que son voluntarios de la Cruz Roja, participar en labores humanitarias. Estas disposiciones no solo fortalecen la capacidad de respuesta, sino que dignifican el voluntariado como una expresión de solidaridad nacional.
La Cruz Roja no solo es una institución, es un símbolo de humanidad, sacrificio y esperanza para Costa Rica. Su labor no debe verse limitada por trámites burocráticos o intereses políticos. La dilación en la aprobación del expediente 23.500 es un reflejo de prioridades equivocadas y un llamado a que nuestros representantes en la Asamblea Legislativa pongan el bienestar del país por encima de agendas personales.
En medio de tragedias y pérdidas humanas, las acciones de los cruzrojistas han sido un recordatorio del valor de la solidaridad. Ahora corresponde al Poder Legislativo responder con la misma urgencia y compromiso. Garantizar un marco legal para la Cruz Roja es no solo un deber, sino una inversión en la seguridad y bienestar de todos los costarricenses.
Este es el momento de actuar, la aprobación de esta iniciativa no puede esperar más. Costa Rica necesita una Cruz Roja fortalecida, porque el país siempre ha necesitado y seguirá necesitando su mano amiga en los momentos más oscuros. Que esta ley sea el legado de una Asamblea Legislativa que comprendió el valor de proteger a quienes siempre protege.
Es fácil celebrar a los héroes cuando el peligro ha pasado, pero ahora se nos presenta una oportunidad única de apoyarlos cuando más lo necesitan. El proyecto de ley 23.500 ofrece el marco jurídico necesario para que la Cruz Roja siga siendo el escudo humano frente a las adversidades. No aprobarlo sería darles la espalda a quienes siempre han estado al frente, a menudo arriesgando su vida para salvar otras.
La Cruz Roja no pide nada más que las herramientas para seguir cumpliendo su misión. Su llamado no es solo un grito de auxilio, es un recordatorio de que detrás de cada rescate, hay personas.
