
En días recientes inició el juicio del abogado Juan Diego Castro contra una estudiante universitaria de apellido Campos. El motivo de la querella es un video publicado en un espacio de la Universidad de Costa Rica llamado “Suave un toque”. El video fue producido en años anteriores, con motivo de la campaña electoral pretérita. Este hecho no puede pasar desapercibido y debe conducirnos a la reflexión. Son muchos los casos controversiales por parte de académicos y estudiantes de la Universidad de Costa Rica y la situación no puede seguir así. Debe la ley poner un “hasta aquí” a una institución con claras deficiencias a la hora de entender sus límites y posibilidades, porque la UCR no está por encima de las leyes nacionales ni de compromisos éticos fundamentales inherentes a la institucionalidad democrática.
Recordemos las protestas de años pasados contra el Plan Fiscal. Un individuo lanzó gasolina contra un policía, de lo cual dieron fe canales de televisión y testigos del hecho. Pero uno de los grupos políticos totalitarios de hoy día publicó un video, diciendo, con muy extrañas intenciones (burla quizás), que no fue gasolina sino “agua”. Y lo más indignante fue la posterior intervención del propio rector en esa época, Henning Jensen, dudando de la veracidad del arrojamiento de la gasolina. ¿Para solventar declaraciones de tal guisa quiere la UCR el muy excesivo FEES? ¿Es ético acaso relativizar así los derechos de otras personas? ¿Eso enseña la citada universidad?
Más recientemente vimos la desastrosa mancha de uno de sus institutos de investigación, en la cual se propalaron datos erróneos sobre una prestigiosa compañía, empresa dadora de trabajo a miles de colaboradores. Mediando una enorme ignorancia acerca de términos contables y administrativos, se dejaron decir que la empresa evadía al fisco. Universitarios extremistas de izquierda procedieron a una auténtica cacería de brujas en contra de una compañía honrada. Sin embargo, después el mismo centro cayó en cuenta de sus horribles yerros y no tuvo de otra que admitir el error. Sin embargo, ya el nombre de una sociedad empresarial honesta fue sometido a escarnio, sin mediar repercusiones. Esta dinámica sociopolítica es totalitaria. En universidades del primer mundo algo así sería escandaloso e inadmisible.
Podemos recordar las denuncias hechas por académicos y estudiantes de la institución. En éstas se da cuenta de terribles abusos a lo interno, de monstruosidades burocráticas y barbaridades políticas. En esta línea el historiador Iván Molina ha efectuado críticas bien fundadas y denuncias acerca de repetidos actos administrativos que violentan a profesores y a estudiantes. Lamentablemente Molina y otros más nunca han sido escuchados. Porque la Universidad de Costa Rica se idealiza a sí misma y no da espacio a ninguna crítica, ni externa ni interna.
Para muestra otro hecho. Recordemos el cierre de la carrera de ingeniería naval, que dejó en el desamparo a estudiantes limonenses. A pesar de haber invertido dinero y tiempo cuantiosos, esos jóvenes no podrán obtener un título, y todo por una pésima decisión de la UCR. Sin embargo, en esos casos no vemos crítica por parte de los otros universitarios, ni solidaridad para con sus compañeros afectados. Tampoco miramos a los “progres” despotricar por estas situaciones tan lamentables, pese a llamarse “adalides de los grupos desfavorecidos”. El cierre de la carrera citada habrá de empeorar la problemática socioeconómica de Limón y acentuará las marginaciones históricas. Eso sí, mientras tanto no faltan académicos radicales que despotrican contra la desigualdad social, ni desgalilladas juventudes universitarias de izquierda adeptas a convocar a “revoluciones”.
Juan Diego Castro, con evidente fundamento, ha impuesto una demanda en contra de organismos de la UCR, de la estudiante Campos y de otros más por el susodicho video. Ese material estuvo disponible en web y cualquier persona pudo escuchar cuando al abogado Castro se le ofendía gravemente varias veces. Dado lo anterior considero innecesario referirme más a un tema palmario. Aun cuando yo no llamé a votar por Juan Diego Castro, considero que el pueblo debe solidarizarse con su persona en este caso en particular. Creo que él ganará la demanda, le dan la razón el derecho y el sentido común.
Es hora de usar las leyes para poner un “hasta aquí” a las cuestionables actuaciones de la Universidad de Costa Rica. Enhorabuena que Juan Diego Castro interpuso esa querella. En virtud de ese caso, de lo argumentado en el presente escrito, y de otros asuntos más, la Universidad de Costa Rica debe hacer un alto en el camino y rectificar. Porque libertad de cátedra y de expresión no quiere decir libertinaje. Y según la UCR, ella (la institución universitaria) puede practicar una libertad que no es ni la de la Escuela de Frankfurt ni la del pensamiento liberal, ¿Será acaso la del personaje Calígula de la homónima obra de Camus? Estas situaciones deben parar ya. Debe darse una reforma jurídica en ese sentido en caso de ser necesario.