UCR tiene 6 meses para reformar su reglamento de salarios o enfrentará sanciones
Contraloría detecta irregularidades en régimen salarial de la casa de enseñanza
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El reglamento que regula los salarios de los docentes de la Universidad de Costa Rica (UCR) viola la Ley Marco de Empleo Público.
Así lo determinó la Contraloría General de la República (CGR), que este 28 de mayo emitió una orden formal al Consejo Universitario (CU) para que reforme su normativa salarial en un plazo máximo de seis meses.
El problema está en el Reglamento del Régimen Salarial Académico (RSA), aprobado por el Consejo Universitario en la sesión N.° 6768 del 14 de diciembre de 2023. Según la Contraloría, dicha normativa permite que los docentes se trasladen voluntariamente del salario compuesto al salario global, una modalidad que la Ley Marco de Empleo Público (N.° 10159), no contempla.
Lo que dice la ley
La Ley Marco de Empleo Público establece que el traslado entre ambos esquemas salariales debe ser automático y gradual, y solo procede cuando se cumplen condiciones objetivas: que el salario compuesto del funcionario alcance el monto del salario global, o bien que exista un ascenso real de puesto.
No existe ningún mecanismo que autorice al servidor a escoger cuándo y cómo migrar de un régimen a otro.
La Procuraduría General de la República (PGR) ya había advertido esta situación en junio de 2024, mediante el dictamen PGR-C-132-2024, en el que señaló expresamente que:
“Ni la LMEP ni su reglamento prevén la posibilidad de que el servidor solicite voluntariamente el traslado del salario compuesto al salario global”, dice el documento del órgano contralor.
Los artículos cuestionados
La Contraloría identificó cuatro transitorios del RSA que contravienen la ley: el 1, el 3, el 5 y el 8. Estos permiten el traslado voluntario en distintos escenarios:
- Cuando el docente asciende en régimen académico
- Cuando ocupa un puesto de autoridad universitaria
- Cuando renuncia a un contrato de dedicación exclusiva
- bajo otras cinco condiciones adicionales
En todos los casos, el traslado se autoriza sin necesidad de cambiar de puesto ni concursar.
La orden, firmada por Humberto Perera Fonseca, Gerente de Área de la Contraloría, advierte que la infracción “expone a la Hacienda Pública a riesgos patrimoniales y operativos” y exige correcciones inmediatas.
El Consejo Universitario tiene 20 días hábiles para informar a sus miembros sobre la orden, seis meses para aprobar las reformas y tres días hábiles adicionales para publicarlas en la Gaceta Universitaria.
Si no cumple, la Contraloría puede reiterarla y, de mantenerse la desobediencia, los funcionarios responsables podrían ser suspendidos o destituidos.