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La Universidad de Costa Rica (UCR) presentó este jueves una objeción formal contra el acuerdo del Consejo Nacional de Rectores (Conare) que define los principios para la redistribución del Fondo Especial para el Financiamiento de la Educación Superior Estatal (FEES) correspondiente al 2027.
La decisión fue adoptada por el Consejo Universitario (CU) en la sesión n.° 6986, amparada en el artículo 16 del Convenio de Coordinación de la Educación Superior Universitaria Estatal, el cual permite a las instituciones impugnar acuerdos antes de que adquieran firmeza.
Durante la discusión en el Conare ampliado, la representación de la UCR votó en contra de la propuesta, que finalmente se aprobó con diez votos a favor y dos en contra.
Según la Universidad, el acuerdo parte de una interpretación incorrecta del principio de equidad, al no considerar diferencias estructurales entre las universidades públicas, como el tamaño de la población estudiantil, el personal contratado, la cantidad de programas de investigación, acción social e infraestructura.
El análisis del órgano colegiado advierte que una redistribución basada en criterios meramente aritméticos podría ser considerada nula. Además, señala que su eventual aplicación pondría en riesgo la continuidad de servicios esenciales y podría acarrear responsabilidades civiles, administrativas e incluso penales.
Este año, las negociaciones del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) se adelantaron hasta tres meses, una situación que, según los rectores, resulta atípica, ya que tradicionalmente este proceso se realiza con el gobierno entrante y no con el saliente.
Hasta el momento se han llevado a cabo dos sesiones de negociación. En la primera se abordaron temas como la situación macroeconómica del país y una serie de solicitudes del Ejecutivo a las universidades, entre ellas ampliar la oferta de carreras STEM, aumentar las becas y reducir los tiempos de graduación. En la segunda sesión, el Poder Ejecutivo presentó una propuesta de aumento del 0%, lo que, de aprobarse, mantendría un monto base de ¢593.484 millones para la distribución del fondo.
La justificación del Gobierno se basa en el comportamiento de la inflación, que ha sido negativa, y que se tomó como principal indicador para formular la propuesta.
La próxima sesión se realizará el martes, cuando las universidades presentarán su contrapropuesta.