UCR limita gastos ante incertidumbre en ingresos del FEES
Medida busca sostenibilidad financiera institucional
Seis meses sin nuevas dedicaciones exclusivas (el pago extra por trabajar en exclusiva para la institución) y una pausa total a los estudios de reclasificación de puestos administrativos son parte de las medidas que buscan enfrentar la incertidumbre sobre el crecimiento de los ingresos provenientes del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).
La Universidad de Costa Rica (UCR) oficializó la disposición mediante la Resolución de Rectoría R-356-2026, firmada por el rector Carlos Araya. La medida deja sin efecto las resoluciones del 2024.
Durante el plazo establecido, y salvo casos debidamente justificados, no se cargarán a la partida de “Servicios Especiales” (que paga contrataciones temporales y complementos) pagos como dedicaciones exclusivas, remuneración extraordinaria, incentivos por méritos académicos y reasignaciones de categoría salarial, o ascensos de puesto con mejor salario.
La restricción aplica tanto a nombramientos administrativos como a proyectos de docencia, investigación y acción social.
Restricciones en suplencias y salarios
Uno de los puntos más estrictos de la resolución es que regula las suplencias, los reemplazos temporales de personal, que quedarán autorizados únicamente para licencias por maternidad, adopción de menores de edad, vacaciones del personal de seguridad e incapacidades prolongadas.
“Las suplencias serán autorizadas únicamente para situaciones de licencias por maternidad, por adopción de menores de edad y vacaciones del personal de seguridad, y por incapacidades cuando el periodo supere los dos meses de manera consecutiva probada”, se lee.
La resolución también congela las nuevas solicitudes de dedicación exclusiva para personal docente y administrativo durante el segundo semestre de 2026, mientras la Vicerrectoría de Administración analiza el comportamiento de ese rubro.
Además, Recursos Humanos no tramitará estudios de reclasificación, salvo en puestos que aún no tengan definidas sus funciones.
La Rectoría fundamenta las medidas en la aplicación de la “regla fiscal”, el límite que la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas impone al crecimiento del gasto corriente.
Esa norma, sumada a la incertidumbre sobre el FEES, obliga a la UCR a vigilar más de cerca cómo se usan los recursos en cada unidad de la institución.
Las unidades ejecutoras, las oficinas y facultades con presupuesto propio, deberán presentar, al cierre del primer semestre de 2026, un análisis de sus gastos para identificar recursos no utilizados que puedan reasignarse según las prioridades institucionales.
La Administración también estudiará la ejecución de presupuestos anteriores para ajustar los de 2027 y 2028.
Posición del sindicato
El Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica (Sindeu) manifestó su preocupación por los alcances de la resolución, al considerar que la sostenibilidad financiera no puede traducirse en restricciones permanentes que afecten el desarrollo laboral, la movilidad ocupacional y los derechos adquiridos del personal.
La organización sindical advirtió que, desde su perspectiva, ninguna resolución administrativa puede situarse por encima de la Convención Colectiva de Trabajo, y cuestionó si la reiteración de este tipo de medidas desde años anteriores responde a situaciones excepcionales o si, más bien, se están convirtiendo en cambios del régimen laboral universitario sin que medie negociación colectiva.
