La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) hizo una serie de advertencias a los diputados sobre el proyecto de “capitales emergentes” que se discute en el Congreso.
El texto, que reforma la Ley contra la Delincuencia Organizada, congelaría los bienes de una persona cuando se detecte un “incremento patrimonial sin causa lícita aparente”.
Es decir, permitiría al Estado confiscar bienes cuando existan únicamente sospechas de su procedencia o que su origen esté relacionado con actividades delictivas
A lo anterior, se suma que el texto, aprobado en Primer Debate, podría afectar la propiedad privada, sus actividades económicas y podría ser inconstitucional.
Por ello es que la Unión de Cámaras advirtió que el proyecto 22.834, tal como está propuesto “atenta contra las garantías de la ciudadanía”
“Debemos manifestar la necesidad de corregir algunas disposiciones del proyecto de ley 22.834, para evitar que se vulneren los derechos de las personas. En caso de no enmendarse, el proyecto contendría acciones que atentan contra las garantías de la ciudadanía y la preservación del Estado de Derecho, tales como el debido proceso, el derecho de defensa, principio de inocencia y el derecho a la propiedad privada.
La iniciativa parte del hecho que se permite congelar los bienes de una persona, sin mediar una investigación o pruebas de que el aumento de su capital responde actividades ilícitas, es decir, se parte del hecho que es culpable y se embargan sus bienes antes de que el afectado haya sido formalmente denunciado”, señaló
La reforma permitiría al Ministerio Público que, cuando exista un aumento patrimonial, sea de una persona o una empresa, “sin causa lícita aparente” pueda solicitar el congelamiento de sus bienes, sin que se haya presentado una denuncia contra la persona afectada.
“La situación causa alarma, si se toma en cuenta que el 97% del parque empresarial del país responde a las micro, pequeñas y medianas empresas, las cuales quedarían expuestas si su patrimonio aumenta, pues se convierten automáticamente en sospechosas, y podrían congelarles sus bienes.
Es importante recordar, como constantemente lo ha hecho Uccaep, que más del 45% del sector productivo nacional opera desde la informalidad, por lo que las posibilidades reales de implementar estas disposiciones en la forma que están propuestas, así como los riesgos y daños que se podrían generar ante la imposibilidad de poder dar acceso y ofrecer medios probatorios para un porcentaje importante de la población, podría impactar tanto a empresarios y sujetos productivos formales como informales”, añaden.
Finalmente, el sector empresarial insiste en la necesidad de contar con un umbral mínimo en la ley, ya que al eliminarlo se podrían embargar la totalidad de los bienes de una persona que aún no ha sido denunciada por delito alguno e independientemente del monto del aumento de capital.
“Uccaep considera insuficiente el plazo establecido en este proyecto para el ejercicio adecuado y correcto del derecho de defensa. Se debe considerar que dado que la persona no ha sido denunciada, puede requerir la recolección de elem entos probatorios de vieja data y múltiples posibles fuentes. Por eso, se sugiere ampliar el tiempo establecido para plantear un recurso de apelación ya que, según lo plantea el proyecto es de 24 horas.
Esto crea una situación clara de indefensión para la ciudadanía. Igual, debe modificarse el proyecto para que la valoración de la prueba sea obligatoria para el juez y no potestativa; y también debe establecerle un plazo perentorio al juez para convocar a la audiencia de defensa a las partes. Vale recalcar que, al restringirse derechos fundamentales como la propiedad privada y el derecho de defensa, el proyecto debería ser aprobado por mayoría calificada de 38 votos de los miembros de la Asamblea Legislativa”, concluyeron