La reducción de recursos obligó al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) a posponer la puesta en funcionamiento de un padrón biométrico que estaba previsto para las elecciones municipales de 2028.
El organismo ajustó su propuesta presupuestaria para atender los recortes solicitados por el Ministerio de Hacienda y mantener los fondos considerados
indispensables para organizar esos comicios.
“Cuando llega la gente a votar, tiene que buscar con el número de cédula cada persona, eso toma algún tiempo de parte de la mesa de votación. Nosotros tenemos ya la tecnología, no el hardware, que es lo caro, para poder hacerlo biométrico. Eso tuvimos que posponerlo para cumplir, pero estuvimos de acuerdo con Hacienda en que podíamos hacerlo”, explicó Max Esquivel, presidente interino del TSE.
El sistema permitiría identificar a los votantes mediante la huella digital en lugar de realizar la búsqueda tradicional por número de cédula en las mesas de votación.
Además, mencionó que el TSE podría perder una donación de un terreno en Quepos, ya que no cuenta con los recursos para construir una sede regional de la institución.
El presupuesto presentado para 2027 asciende a ¢58 mil millones.
La principal presión presupuestaria está relacionada con las elecciones municipales de 2028, que tendrán una magnitud superior a los comicios presidenciales.
Para esa jornada se elegirán más de 6 mil cargos. Además, el TSE calcula que deberá tramitar alrededor de 45 mil candidaturas y fiscalizar aproximadamente 4.300 asambleas partidarias durante 2027.
“Tenemos un mínimo, por lo menos, para asegurar una elección impecable, como la que estamos acostumbrados a hacer, pero menos de eso sí nos podría afectar seriamente en el proceso electoral. El 45% de lo que se gasta para las municipales de 2028 está en este presupuesto, por eso para nosotros es importante lo que se pueda aprobar sin recortes adicionales”, indicó Esquivel.
El presupuesto también contempla ¢4.600 millones para la contribución estatal correspondiente a las elecciones de 2026 y una provisión para un eventual referéndum, estimada en cerca de ¢3 mil millones.
