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El Tribunal Supremo de Elecciones cubrirá el 46% de la deuda política de las elecciones presidenciales durante el 2026, con un monto presupuestado de ¢15.363 millones.
El 54% restante, que sería cerca de ¢23.929 millones, sería girado a los partidos políticos en el 2027.
“El lineamiento de Hacienda para el año 2026 fue de ¢20 mil millones. Ya desde el 2019, se ha partido la contribución estatal en 2 años, de acuerdo con los montos de liquidación que nos ha reportado nuestro departamento de financiamiento de partidos políticos”, indicó Eugenia Zamora, magistrada del TSE.
En total, el financiamiento por parte del Estado sería de ¢39 mil millones, el cual incluye una reducción importante después de una reforma presentada por el Frente Amplio.
La ley 10.648, que impone límites de gasto para las elecciones presidenciales y municipales, estableció un máximo de 0,11% del Producto Interno Bruto (PIB) para los recursos que se giran a los partidos políticos.
Previamente, el porcentaje era de un 0,19% del PIB, con lo que se ahorraron más de ¢42 mil millones, entre los dos años, según Zamora.
“Producto de la ley que aprobamos acá para reducir la deuda política. Solo para el próximo año, la disminución es de ¢11 mil millones. Me alegra ahorrarle ese dinero al pueblo de Costa Rica”, comentó Jonathan Acuña, diputado del FA.
El presupuesto total del Tribunal para el 2026 alcanza los ¢77.807 millones para las diversas funciones de la institución. Dicho monto incluye más de ¢1.500 millones para agregados salariales como la dedicación exclusiva, responsabilidad electoral y provisión de ejercicio profesional.
Sandra Mora, directora ejecutiva del TSE, reconoció que todavía hay más de mil funcionarios bajo el régimen de salario compuesto.
“Hemos presentado un presupuesto austero, respetando los lineamientos que nos dio el Ministerio de Hacienda. Tratamos de recortar todo aquello que no sea inminente o afecte los servicios que brindamos y que sean suficientes para atender las elecciones nacionales, municipales y los eventuales referendos. Sin embargo, no puedo evitar señalar que es un porcentaje muy pequeño del presupuesto nacional lo que el país está asignando a la democracia electoral”, concluyó la magistrada.