TSE amplía estudios sobre financiamiento electoral

Las revisiones del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) sobre los aportes hechos a los partidos políticos durante la campaña electoral siguen en aumento. Hasta el 29 de junio, la entidad mantenía bajo estudio de solvencia económica a 126 financistas de 14 agrupaciones, con el propósito de verificar el origen y la trazabilidad de los recursos.

El monto bajo revisión asciende a ¢2.998 millones. De esa cifra, el 71,7%, equivalente a ¢2.149 millones, corresponde a recursos entregados al oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO), principalmente mediante certificados de cesión.

Los datos oficiales del TSE reflejan que, entre el 30 de abril y el 29 de junio, la entidad abrió 24 nuevos estudios de solvencia a financistas, mientras que el monto bajo revisión aumentó en ¢898 millones en dos meses.

De los 73 financistas del PPSO bajo revisión, 66 aportaron recursos a través de certificados de cesión, instrumentos mediante los cuales entregan dinero a una agrupación política y, si esta accede a la deuda política, pueden recibir un reembolso y obtener una ganancia.

Además, nueve personas realizaron donaciones, mientras que dos aportaron dinero de forma combinada, mediante la adquisición de certificados y donaciones. 

Los aportes revisados al PPSO van desde los ¢920 mil hasta montos más elevados, como ¢305 millones, entregados al partido bajo el concepto de certificados de cesión por parte de personas físicas. 

“Como parte de las diligencias de fiscalización usuales que desarrolla el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del TSE, se desarrollan los estudios de solvencia económica que tienen como propósito determinar el origen de los recursos que aportan los financistas de las agrupaciones políticas durante la campaña o en el período no electoral”, señaló a Grupo Extra el jefe del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del TSE, Ronald Chacón.

El funcionario explicó que el criterio para abrir estos estudios de solvencia es que un aporte supere los $10 mil, con base en lo que establece la Ley 8.204, conocida como “Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de uso no autorizado, Legitimación de Capitales, Actividades Conexas y Financiamiento al Terrorismo”, con el propósito de verificar el origen lícito de los recursos. 

Al respecto, aseguró que la cantidad de estudios hacia aportantes del PPSO responde únicamente a criterios técnicos.

“La mayor cantidad de personas físicas que han hecho aportes y que superan los $10 mil precisamente corresponden a un partido político. 

Pero esto no significa que haya una concentración específica por la que se esté viendo en particular a esa organización política”, puntualizó.

La presidenta del PPSO, Mayuli Ortega, aseguró a Grupo Extra que las consultas forman parte de un “procedimiento normal” del TSE y que ya se entregó la información solicitada por la entidad. 

“Ya se respondió al Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos en tiempo y forma. Es normal que este departamento solicite algún dato específico en el proceso de revisión”, señaló Ortega, quien a la vez calificó positivamente que el TSE realice esos procedimientos.

Además, el PPSO presentó facturas por liquidación ante el TSE por ¢3.800 millones, de cara al reembolso por los gastos de la campaña.

Por otro lado, la segunda organización política con mayor número de oficios girados a sus aportantes fue la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), con 14, por un monto bajo revisión de ¢120 millones.

La CAC presentó facturas de su liquidación final ante el TSE por ¢1.300 millones. 

“Cada una de las personas financistas recibe personalmente la solicitud de información y nosotros, por nuestra parte, hemos estado dándole seguimiento a las personas para ver si las recibieron o no. También para orientarlas un poco”, dijo Heidy Murillo, tesorera de la Coalición.Chacón mencionó las desventajas del financiamiento mediante certificados de cesión y reiteró que estos son considerados como “instrumentos perversos”, tanto por el acceso condicionado al financiamiento político como por la posibilidad de que, a través de estos, se introduzca dinero de origen ilícito.

Advirtió que los recursos aportados mediante estos certificados no pasan por regulaciones similares a las que sí rigen para las entidades financieras supervisadas por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).

En ese sentido, del total de 126 financistas de todos los partidos políticos bajo revisión de solvencia económica, 101 adquirieron certificados de cesión.

“En diferentes oportunidades, el TSE los ha calificado como instrumentos perversos, porque las encuestas dicen que valen. Los partidos que se posicionan positivamente en las encuestas son los que tienen más posibilidades de colocación”, advirtió Chacón.

Incluso, la Misión de Expertos Electorales de la Unión Europea destacó que este complejo esquema, al operar al margen del sistema bancario tradicional, es ampliamente señalado por expertos como una herramienta susceptible para el blanqueo de capitales de fuentes ilícitas, razón por la cual se ha presionado reiteradamente por su eliminación legislativa. 

Según el TSE, hasta la fecha, un total de 77 expedientes, equivalentes al 61% de los casos, ya tienen respuesta de los financistas.