Trocha fronteriza sigue sin culpables ni sanciones

Dotar de caminos a los habitantes de la zona fronteriza tras la invasión nicaragüense a Isla Calero llevó al gobierno de la presidenta Laura Chinchilla a construir la Ruta 1856 bajo una coyuntura de “emergencia”. En palabras de la mandataria, la obra se realizó sin los estudios ambientales que demanda el derecho internacional. 

Ayer la trocha fronteriza revivió como un punto negro para los ticos en el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, en el cual se dejó en evidencia que el país incumplió al echarla a andar sin los estudios previos.

Aunque no se comprobó el daño ambiental por el cual Nicaragua demandó al país, la obra sigue bajo la sombra de la corrupción, sin sentar las responsabilidades de quienes habrían incurrido en un mal manejo de fondos públicos por ¢24 mil millones. 

La denuncia de esas irregularidades, que llegó al Ministerio Público hace tres años, podría llevarse hasta 2022 para determinar si se acusa a los supuestos responsables, cumpliéndose en esa fecha el plazo máximo de 10 años para prescripción de una causa por el delito de peculado (ver recuadro).

Aunque fue el propio gobierno de Chinchilla quien presentó la denuncia, la inconclusión de los hechos ha empañado la gestión de la exmandataria como uno de los escándalos más grandes. 

“Yo soy la más interesada en que eso se esclarezca, ese caso nunca se habría conocido si la Presidenta no lo hubiera denunciado. Yo hubiese querido que la Fiscalía hubiera resuelto hace mucho para atrás, no puedo irrespetar a la justicia costarricense, confío en que tarde o temprano lo haga”, declaró a DIARIO EXTRA. 

Chinchilla instó al gobierno a no tener miedo de continuar con la construcción. El presidente Luis Guillermo Solís, aunque reconoce la importancia de la obra, condiciona la necesidad de que se sienten las responsabilidades judiciales para un mayor avance.

“Donde hay procedimientos judiciales esperamos que estos concluyan y esperamos que siga funcionando de un extremo al otro de la frontera como una ruta de tránsito muy importante para el comercio y tránsito humano como la que esa zona requiere”, indicó el Presidente. 

FISCALÍA JUSTIFICA RETRASOS 

La investigación, que se tramita bajo el expediente 12-000053-0621-PE, continúa en una etapa preparatoria, es decir en recolección y análisis de pruebas.

Según informó la oficina de prensa de la entidad, indagan informes contables, prueba testimonial e información de la sección de Fraudes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

“La causa es de trámite complejo y tiene una declaratoria de crimen organizado (…) La Fiscalía Adjunto de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) sostiene que durante el periodo de investigación no ha existido ningún retraso injustificado; se ha trabajado conjuntamente con el OIJ, pero debe tomarse en cuenta que es un caso de tramitación muy compleja. Hay 44 personas imputadas, de las cuales 3 son funcionarias públicas y 41 son funcionarios privados. Medidas cautelares tienen los tres funcionarios públicos (les habían pedido prisión pero el Juzgado Penal las cambió por medidas alternas) y dos empresarios”, justificó la Fiscalía.

EXMINISTRO SIN RENDIR CUENTAS

Francisco Jiménez, exministro de Transportes, quien presentó la denuncia ante el Ministerio Público, sigue sin ser indagado por la Fiscalía. Así se infiere de la respuesta de esa cartera a DIARIO EXTRA, que pese a la pregunta explícita informó que Jiménez sigue sin figurar como imputado hasta la fecha de la investigación.

Quienes sí fueron detenidos, el exdirector Carlos Acosta y los ingenieros Manuel Serrano y Miguel Ramírez, refirieron en declaraciones que las órdenes venían de una comisión de alto nivel, de la que Jiménez era miembro.

La Fiscalía agrega que ha determinado cuatro modalidades delictivas sobre este caso.

“Proveedores distintos que reportan una misma maquinaria utilizada para una misma fecha. Un mismo proveedor que incluye dos veces la misma maquinaria en los reportes, durante el mismo periodo de trabajo. Reporte del uso de una maquinaria con un documento de identificación DUA (Declaración Única Aduanera) que presenta alguna de las siguientes irregularidades:

a. No tiene registros en el sistema aduanero.

b. La mercancía importada bajo el número de DUA utilizado difiere de la indicada por la empresa contratada.

c. El número de DUA utilizado pertenece al régimen de exportación y no de importación.

d. Reporte de labores justificadas con equipos que para la fecha de los mismos no habían sido nacionalizados.

e. Reporte de maquinaria fuera de vida útil por un monto mayor al establecido en un decreto ejecutivo del MOPT sobre las tarifas de alquiler.

4. Inclusión de maquinaria en los reportes de control de trabajo diario, aun cuando no existe registro de que se haya trabajado”. 

Diputados también urgen a la Fiscalía para que dé celeridad al caso y no dejarlo como un “delito de cuello blanco” bajo el manto de la impunidad.

ARTÍCULO 354.
PECULADO

“Será reprimido con prisión de tres a doce años, el funcionario público que sustraiga o distraiga dineros o bienes cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada en su cargo (…)

Esta disposición también será aplicable a los particulares, y a los gerentes, administradores o apoderados de las organizaciones privadas, beneficiarios, subvencionados, donatarios o concesionarios, en cuanto a los bienes, servicios y fondos públicos que exploten, custodien, administren o posean por cualquier título o modalidad de gestión”.

Fuente: Código Penal