La Dirección General de Tributación está poniendo el ojo a las empresas de zona franca. Está pidiendo información de las empresas que, a criterio de los expertos, es algo poco común.
Entre otras cosas, están solicitando el nombre de la empresa, la cédula jurídica, el porcentaje de exoneración vigente, la razón social de la parte vinculada, el tipo de vinculación, la actividad principal, el tipo de transacción y el dato del período fiscal 2018-2019.
Adicionalmente, requieren el método de precios de transferencia utilizado para analizar la transacción, el indicador de rentabilidad seleccionado y el rango obtenido de la transacción y la mediana del rango intercuartil.
Dicho requerimiento masivo es el primero en materia de precios de transferencia efectuado por la Dirección General de Tributación y cuenta con un plazo de 10 días hábiles para ser respondido.
Así lo informó la firma Grant Thornton. El proceso guardaría relación con lo que se conoce como “precios de referencia” correspondiente a los períodos mencionados anteriormente.
Germán Morales, socio director y de impuestos de Grant Thornton, explicó que no es común que Hacienda pida este tipo de datos que parece ser un requerimiento especial para levantar información sobre las transacciones con empresas vinculadas.
Se trata de aquellas compañías que cuentan con al menos un 25 % del capital social de la primera empresa. “Tributación quiere saber cuanto le he vendido o comprado a una compañía vinculada y en qué meses lo he hecho. Pareciera que quieren levantar algún grado de riesgo para profundizar en una auditoria, es como una etapa de preinvestigaciones”, explicó el experto.
Morales relaciona el nuevo requerimiento con el hecho de que hace 15 días salió la nueva definición de grandes contribuyentes en la que se incorporó una nueva masa, cuyos datos no tenía el Ministerio de Hacienda.
“Parece que quisieran hacer una nueva base de datos de compañías que tienen algún riesgo y que podrían generar algún interés de auditorías fiscales. Recordemos que muchas de estas empresas de zonas francas estaban en el régimen de grandes territoriales o no eran consideradas de ningún tamaño y con la nueva definición de gran contribuyente se establece otra forma de clasificación”, dijo.
Desde hace 12 años Hacienda no actualizaba la información de los grandes contribuyentes y ahora los está clasificando por nivel de ventas y de activos, entre otros criterios.
“Si no es para una fiscalización, y que creo es lo que esperan la mayoría de las empresas, es que haya alguna intención de dar facilidades en los servicios. Esperemos que el contribuyente no se quede con la idea de que es solo para fiscalizarlos, porque son empresas que tienen un importante peso en la recaudación del país. Las zonas francas siempre han pagado impuestos, solo que antes estaban en administraciones tributarias de Heredia, Alajuela o Cartago y ahora las pasaron a grandes contribuyentes”, explicó.