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La Dirección General de Tributación implementará una nueva exigencia tecnológica para quienes deseen inscribirse en el Registro Único Tributario: la geolocalización del domicilio fiscal.
Esta medida responde a un problema con los contribuyentes que proporcionan direcciones falsas o imprecisas durante el proceso de inscripción.
“Algunos contribuyentes incluyen direcciones inexistentes o que corresponden a lugares bastante polémicos, por decirlo así. Por ejemplo, hemos encontrado contribuyentes que registran el domicilio en un lugar que si llegas es en el mar, en el cementerio o el lago de La Sabana”, explicó Mario Ramos, director general de Tributación.
Además, en sus esfuerzos por resolver los faltantes de información, el Ministerio de Hacienda solicitó la colaboración por parte de entidades que proveen servicios de electricidad, telefonía o internet. Según Ramos, esta práctica no es nueva. Desde el 2012, la administración tributaria requiere datos para investigar presuntos infractores de las obligaciones al fisco.
En el 2023, mediante un estudio de medidores de electricidad encontraron más de 500 personas que tenían registrados más de 2500 unidades.
“Se encontró y se identificó a una empresa que estaba inscrita en la administración tributaria con una actividad que no era alquileres. Se le mandó una nota sobre los 10 medidores y la persona lo aceptó. Tenía 10 casas de alquiler que no estaba reportando.
Nosotros usamos esta información cuando existen indicios de una de una actividad ilícita o una actividad asociada a una presunta evasión”, comentó Ramos.
Con la información, la Dirección ha ejecutado más de un millón de procesos tributarios con los que encontraron inconsistencias por ¢328 mil millones y lograron recuperar ¢256 mil millones en gestiones de cobro.
Denuncia legislativa
El diputado de Partido Liberal Progresista, Eliécer Feinzag, denunció la situación en redes sociales, cuestionando las acciones del Ministerio de Hacienda al pedir los datos como nombre, dirección exacta y geolocalización de los clientes de las empresas de telecomunicaciones.
“Insto a las empresas a no cumplir la solicitud de Hacienda e insto a los ciudadanos a no firmar un consentimiento para compartir esta información hasta que expliquen para qué la están pidiendo”, manifestó el legislador.
De inmediato, la institución pública saco un comunicado al respecto.
“El Ministerio de Hacienda reafirma su compromiso con la protección de datos de los costarricenses y rechaza categóricamente las afirmaciones sobre el supuesto uso indebido de datos sensibles por parte de la Dirección General de Tributación (DGT). De igual manera, rechaza que dichos datos puedan ser empleados con fines electorales”, se lee.
Ramos también recalco que la existen sanciones para funcionarios que utilicen la información solicitada para fines específicos. “Esa persona puede ser sancionada inclusive ir a la cárcel”, agregó.