Arrancó la audiencia por la fatal tragedia ocurrida en octubre de 2018 en Río Naranjo de Quepos dónde cinco personas perdieron la vida mientras realizaban rafting, cuatro turistas de nacionalidad estadounidense y el guía costarricense.
Lo que se vio en este primer encuentro fue la apertura del debate, así como la posición del Ministerio Público, la querellante actora civil, la manifestación de los defensores, de la cual se va basar su tesis de defensa y si se trató un hecho de naturaleza o no.
La tragedia cobró vidas humanas, hechos que ahora son profundizados y discutidos por ambas partes, además, en este encuentro se determinó la agenda, los días que se van a sesionar y cuándo se recibirán las declaraciones testimoniales que en su mayoría se llevarán a cabo por videoconferencia, así como a las familias y allegados de las víctimas.
ANULACIÓN DE LA SENTENCIA
En 2021 la sentencia favoreció a un hombre identificado con los apellidos Pessoa Calvo, quien es propietario de la empresa Quepos Expeditions S.A, y a dos hermanos apellidados Contreras Martínez, quienes se enfrentan nuevamente al Tribunal por el delito de naufragio.
En 2018 los extranjeros visitaron Costa Rica con el fin de celebrar una despedida de soltero y para disfrutar dicho evento contrataron el tour de rafting donde sucedió la fatal tragedia.
Aproximadamente dieciocho personas estaban a bordo de las balsas cuando el bote se salió de control, impactando contra una estructura de piedra y una cabeza de agua con sedimentos y materiales acabó con la vida de cinco de ellos, trece lograron sobrevivir.
Los fallecidos fueron identificados como: Jorge Tomas Caso Rodríguez, de 22 años; Ernesto Sierra Estrada, de 25 años; Andrés Denis, de 30; Sergio Luis Lorenzo, de 32 años; y Kevin Thompson Reid de 45 años, quien era el guía turístico.
Este nuevo análisis de los hechos reinicia luego de que el Tribunal de Apelaciones anuló la sentencia dictada por errores propios del Tribunal de Juicio, situación que obliga a repetir el debate oral y público con la afectación para todas las partes y el erario público costarricense.