En una decisión para la protección del patrimonio público, el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda anuló una serie de inscripciones que otorgaban derechos indebidos sobre terrenos en la zona marítimo-terrestre (ZMT) en Guanacaste.
Este fallo incluye la recuperación de 69 hectáreas de playa Cabuyal, inscritas hasta ahora a nombre de una familia de apellido Román, y refuerza la protección de bienes inalienables bajo la Constitución costarricense.
Sobre el caso
El fallo surge de una demanda presentada en 2015 por la Asociación para el Rescate de la Zona Marítimo Terrestre (AREZOMATE), que lideró la lucha por la recuperación de terrenos de dominio público.
La sentencia no solo declaró nulas las escrituras y registros relacionados, sino que también ordenó la restitución de los terrenos al Estado y la cancelación de las inscripciones en el Registro Nacional.
En el caso de las hectáreas de Cabuyal, los jueces anularon los planos y las inscripciones que permitieron a la familia de empresarios y políticos reconocidos en Liberia, disputar la propiedad de esas tierras.
La familia argumentaba poseer el “derecho real” sobre los terrenos con base en un documento de 1886.
“Es una gran lucha porque aquí no ganó Arezomate; aquí ha ganado Costa Rica. Además del gane, se fortalece la democracia, el aparato judicial y es una ganancia para el país”, expresó Damaris Rodríguez, representante de la asociación al medio La Voz de Guanacaste.
Irregularidades señaladas en las inscripciones
La disputa involucró múltiples irregularidades, como:
- Inscripciones realizadas sin planos catastrados adecuados.
- Uso indebido de dominio público: Incorporación irregular de terrenos de la ZMT en propiedades privadas.
- Presiones políticas: Maniobras que permitieron inscribir las tierras a pesar de objeciones legales.
Casi dos décadas de lucha legal
La batalla por Cabuyal comenzó en 2005, cuando ARREZOMATE inició gestiones ante la Municipalidad de Liberia para detener las inscripciones ilegales.
Sin embargo, las presiones políticas permitieron avanzar las inscripciones.
“Ahora estamos muy contentos de que al fin se hizo justicia. Lo hemos hecho por Liberia y por Costa Rica”, señaló Guiza Pinchamski al medio La Voz de Guanacaste, quien es la abogada del proceso.
La decisión no solo afecta a los responsables directos, sino también a entidades públicas como la Municipalidad de Liberia, el Registro Nacional y la Procuraduría General de la República, señaladas por no proteger el patrimonio del Estado.
Próximos pasos
El fallo ordena la demolición de construcciones ilegales y la restitución de las tierras a su estado original.
Además, los acusados deberán asumir los costos del proceso judicial. Sin embargo, se prevé que los responsables puedan apelar la decisión.
Con información del medio: La Voz de Guanacaste.
