El Tribunal Contencioso Administrativo rechazó la medida cautelar solicitada por el Frente Interno de Trabajadores del Instituto Costarricense de Electricidad (FIT-ICE), para frenar la aplicación del decreto de ciberseguridad del gobierno.
Tras el fallo, el proceso de licitación para la instalación de torres de telecomunicaciones 5G continuará en apego a las reglas impuestas por el Decreto Ejecutivo Nº 44196-MSP-MICITT.
Este establece que las compañías originarias de países que no han firmado el Convenio de Budapest quedan excluidas del desarrollo de estas tecnologías en procesos nacionales.
Ambas decisiones fueron celebradas por el Poder Ejecutivo, mientras
la empresa Huawei no da nada por sentado.
“Estos fallos lo que vienen a demostrar es la validez técnica del decreto de ciberseguridad en redes 5G y ratificar que
no atenta un daño económico ni contra los usuarios ni operadores”, manifestó
la titular del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), Paula Bogantes.
A criterio del Tribunal, no se ha excluido a ningún proveedor de los procesos de licitación y subraya la importancia de contar con sistemas seguros en materia de ciberseguridad, reforzando
la obligación del Gobierno de dictar normativas que protejan la infraestructura digital del país, según la resolución.
“No está en firme”
El FIT-ICE dijo que aún no han sido informados de forma oficial sobre el fallo del Tribunal, aunque sostienen que la resolución constituye “meramente en un pronunciamiento de primera instancia que no adquiere firmeza jurídica”.
“Debe tenerse presente que la resolución recurrida no constituye un pronunciamiento sobre el fondo del asunto ni sobre la legalidad o ilegalidad del decreto ejecutivo”, comentó el presidente de la Federación Carlos Stradi.
Esta posición es secundada por Huawei quien manifestó: “Nuestro sistema judicial contempla distintos recursos que permiten a las partes apelar esta decisión y hacer valer los derechos como ciudadanos y de una empresa debidamente establecida en Costa Rica. De ninguna manera puede entenderse que el Tribunal confirmó la legalidad del decreto de ciberseguridad, como falsamente se ha querido comunicar. Esto se determinará dentro del proceso por el fondo en el Contencioso Administrativo que sigue su curso”.
Esta es la segunda vez, que el Tribunal Contencioso rechaza una medida cautelar contra el proceso. El viernes pasado rechazó la petición presentada por la empresa asiática.
