Un nuevo giro podría retomar el caso contra el Grupo Nación, a quien se le acusa de defraudación fiscal por ¢1.900 millones, por cuanto ayer el Tribunal Penal de San José inició una audiencia de apelación, en la cual la fiscalía tratará de recuperar una prueba bancaria anulada por una jueza hace alrededor de un mes.
A principios de año los defensores de los acusados solicitaron la anulación de una de las pruebas más importantes, que está relacionada con los movimientos de los acusados en su cuenta de un banco en Bahamas.
La jueza del caso se reservó todo el tiempo necesario para resolver la solicitud, por lo que luego notificó por escrito de la anulación.
Ante esto la fiscalía solicitó una audiencia ante el superior jerárquico del juzgado, que es el Tribunal, la cual fue fijada para la semana pasada, no obstante fue suspendida por un choque de agendas entre fiscales, procuradores y el equipo de abogados del Grupo Nación, dirigidos por Carlos Tiffer.
Después citaron a las partes para iniciar ayer a la 1:30 p.m., pero arrancó con media hora de atraso. A la cita llegaron, además de Tiffer y sus asistentes, el fiscal Ólger Castro y el procurador penal Juan José Soto.
CASI ¢2 MIL MILLONES DE DEUDA
El caso contra esa empresa editora por la supuesta defraudación fiscal de ¢1.918 millones duerme el sueño de los justos en estrados judiciales desde hace 10 años.
Por este proceso están señalados como imputados Manuel Francisco Jiménez Echeverría, Carlos Alberto González Jiménez y Jorge Javier León Longhi.
El asunto fue elevado al Ministerio Público en 2004 por Tributación Directa, que se dio cuenta que la empresa La Nación S.A. habría fingido la venta de dos rotativas a la sociedad Capital Leasing Corporation por $2 millones. Sin embargo las máquinas nunca salieron de las instalaciones de esa empresa en Llorente, Tibás.
Capital Leasing Corporation de Belice, a su vez, habría simulado la venta de la mismas rotativas a Arrendadora Interfin S.A. por la suma de $5 millones, generando una ganancia a la compañía beliceña de $3 millones.
Esos $3 millones en apariencia lo pierden los demás accionistas de La Nación, pero por supuesto el gran perdedor es el Ministerio de Hacienda por los impuestos no pagados por la utilidad generada por el extrañísimo negocio de esas empresas.
Sin embargo los abogados de La Nación, haciendo uso de todos los portillos legales, han solicitado una y otra vez la prescripción y se han acercado al gobierno para tener un arreglo conciliatorio.
Ambas solicitudes han sido rechazadas, la primera por el juez y la segunda por la presidenta de la República, Laura Chinchilla, que emitió una directriz para que no se conciliara con evasores.
En diciembre de 2012, cuando estaba por terminar la etapa de investigación, los abogados de la parte acusada presentaron una audiencia para pedirle al juzgado que anulara una de las pruebas llevadas al proceso por la fiscalía para evitar que el caso vaya a juicio.
Al cierre de esta edición la audiencia continuaba en los Tribunales de Goicoechea y de no terminar seguirá esta mañana.