Sin fuente de financiamiento, sin una cantidad importante de trabajo, sin estudio técnico que diga si el proyecto es necesario, pero con una plataforma que le costará millones de colones a los costarricenses. Así es como ven los opositores de la creación del Tribunal de Pesca, el nuevo proyecto que promueve el gobierno de Laura Chinchilla y que en este momento se encuentra en estudio, en el seno de la Asamblea Legislativa.
Bajo el expediente No. 18.358, el diputado Rodolfo Sotomayor, presentó un proyecto de Ley para la Creación del Tribunal Administrativo de Pesca y Acuicultura, mismo que se encargaría de tramitar todas las denuncias de índole administrativo que se generen. En este momento el procedimiento de investigación se realiza a través de un órgano que emite una resolución y se la envía para que la Presidencia Ejecutiva del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) le dé su visto bueno y ejecute la sanción, en caso de ser condenado. No obstante, el condenado puede apelar y el caso sería remitido a la Junta Directiva.
VOCES EN CONTRA
Viviana Gutiérrez, gerente de Incidencia Política de MarViva explicó que la preocupación de los organismos no gubernamentales respecto a este proyecto es que con su creación, se debilitará más a una institución que se encuentra ya de por sí deteriorada económicamente.
Además, no cuenta con un estudio que demuestre la necesidad de crear esta estructura paralela, ya que la mayoría de los incidentes que se analizan tienen carácter penal, o sea que deben ser resueltos en sede judicial y no administrativa, sino que más bien estos últimos son la menor cantidad de casos que analiza la institución actualmente.
Una acotación similar hicieron los informes presentados por la Contraloría General de la República, la Procuraduría e incluso el despacho de la ministra de Agricultara, Gloria Abraham.
En el informe realizado por la Procuraduría General de la República, indicó su preocupación respecto a la conformación del Tribunal, ya que el nombramiento de jueces administrativos por parte de las asociaciones de pescadores y de acuicultura que se conformarían en mayoría dentro de este órgano colegiado. Lo que podría llevar a un ablandamiento excesivo en la imposición de las sanciones administrativas, igualmente que se podría politizar las asambleas para su elección.
Por su parte, la Contraloría indica que la figura jurídica mediante la cual se busca constituirlo es inconstitucional, ya que la Asamblea Legislativa no está facultada para crear órganos con personalidad jurídica instrumental, o sea que puedan manejar y administrar fondos públicos.
DIARIO EXTRA intentó comunicarse con el presidente ejecutivo de la institución, Luis Dobles, para conocer las razones que mueven a la institución a insistir en un proyecto que a los ojos de muchas instituciones privadas y de gobierno no es viable. No obstante, se nos indicó que se encontraba fuera de la institución.