La Corte Plena señaló que mantiene un requerimiento de recursos para atender tres leyes que se encuentran sin contenido económico, tras la aprobación del proyecto de presupuesto para 2025.
El presupuesto del Poder Judicial para 2025 por ¢521.000 millones lo ratificaron de manera unánime los 22 magistrados que participaron en la votación.
En el tema de gasto corriente el rubro equivale a ¢491.000 millones, mientras que en gasto de capital la cifra es de ¢30.000 millones para un total de ¢521.000 millones.
El plan de gastos fue presentado a los magistrados por Allan Pow, de la Dirección de Planificación del Poder Judicial, durante la sesión de la Corte Plena.
“Este año fue particular porque se identificó una necesidad institucional de aproximadamente ¢10.600 millones, lo que implicó que, a través del despacho de la Corte, de la Presidencia y la Dirección Ejecutiva se coordinaran conversaciones con el Ministerio de Hacienda con el fin de solicitar la posibilidad de extender de forma adicional el límite presupuestario”, agregó Pow.
Sin embargo, la Ley de Bienestar Animal requiere ¢591,7 millones, la Ley de Justicia Restaurativa necesita ¢1.422 millones y en el caso de la Ley de Contratación Pública precisa ¢577,8 millones.
Por otra parte, la Corte Plena conoció una serie de necesidades institucionales que no pueden incorporarse al presupuesto debido a las restricciones presupuestarias.
“A pesar de haberse comunicado, este límite establece una serie de condiciones o restricciones al Poder Judicial, donde nos dice ‘yo les doy este monto, pero necesito que de ese monto destine ¢15.000 millones para proyectos de infraestructura del Organismo de Investigación Judicial’”, comentó Pow.
Se trata del Complejo de Medicina Legal en Buenos Aires de Puntarenas, el Proyecto de Fortalecimiento de Seguridad en el Poder Judicial, así como necesidades operativas en construcciones y tecnología.
Por este motivo acordó enviarlas al Ministerio de Hacienda de manera adicional, como parte del presupuesto del Poder Judicial para 2025, el cual deberá remitirse a más tardar el 8 de junio.
El Ministerio de Hacienda otorgó al presupuesto aprobado ¢15.000 millones adicionales, recursos que permitirán impulsar varios proyectos del Poder Judicial.
En comparación con 2024, este plan de gastos aprobado por los magistrados tiene una variación del 3,35%, pero aun así es menor al límite que solicitó el Ministerio de Hacienda para las instituciones públicas.
“Si bien es cierto existe un monto de presupuesto mayor al año anterior, pero en términos reales no lo hay, sino que siempre hay una afectación. Hay un recorte bastante significativo”, explicó Pow.
Además aseguró que al Poder Judicial se le ha asignado una serie de nuevas responsabilidades que en teoría deberían venir acompañadas con una asignación de recursos.
Por otra parte, en materia de seguridad el Poder Judicial mantuvo recursos por ¢600 millones, debido a una actualización de sistemas que han venido quedando obsoletos.
La magistrada Julia Varela señaló que no solo se trata de ver requerimientos o necesidades del presupuesto, sino de ver los riesgos eventuales.
“Me parece que se está dejando de lado la capacidad instalada en el tema jurisdiccional, las plazas. Sabemos que se está con la visión de congelar plazas, pero lo cierto es que los recursos se necesitan para tener la posibilidad de agendar casos en materias penal, civil y laboral”, declaró.
Por otra parte, la magistrada Roxana Chacón solicitó que se consideren recursos para la atención de los funcionarios que requieren servicios psicológicos para el manejo del estrés.