Las autoridades detuvieron a un total de tres jueces de la República en una semana, tras investigarlos por varios delitos.
En el primer caso, policías judiciales aprehendieron a dos jueces de Pococí, de apellidos Valverde y Ramírez, por aparentes vínculos con la organización de Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”.
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) señaló que son investigados por los presuntos delitos de procuración de impunidad, cohecho, penalidad del corruptor y peculado de uso.
Según la investigación, los hechos habrían ocurrido entre 2023 y 2026, y se sospecha que los funcionarios pudieron utilizar sus puestos para dar información privilegiada a grupos criminales relacionados con “Diablo”.
En este caso, también se intenta determinar si recibieron dádivas y si habrían dejado de cumplir algunas de sus funciones para utilizar oficinas judiciales con fines personales.
Un día después, la Fapta ordenó la detención de un juez de apellido Mora, destacado en el Juzgado Penal de Garabito, como parte de una investigación por los presuntos delitos de divulgación de secretos y prevaricato.
Las autoridades allanaron la oficina del juez y decomisaron su teléfono celular, varios dispositivos de almacenamiento y la computadora utilizada en el despacho.
Al funcionario judicial se le tomó la declaración indagatoria para comunicarle formalmente los hechos que se investigan.
En el caso de Pococí, el Ministerio Público solicitó la medida de prisión preventiva, pero el Juzgado Penal de Hacienda tomó la decisión de que deberán firmar cada 15 días, tendrán impedimento de salida del país y deberán mantener un domicilio actualizado. Además, fueron suspendidos de sus cargos y tienen prohibido acercarse a los Tribunales de Pococí o comunicarse con personal de los despachos donde laboraban.
Mientras que, para el juez de Garabito, la Fiscalía solicitó como medida cautelar que Mora fuera suspendido de su cargo mientras avanza el proceso, sin embargo, se rechazó la petición.
Ante esta decisión, la Fapta presentó un recurso de apelación para que un tribunal superior revise lo resuelto.
Para la Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud), estos casos son el reflejo de la participación
humana dentro de la institucionalidad judicial.
“Lo que sucedió ayer es uno de los riesgos administrables dentro de cualquier institución que tenga al factor humano como el elemento central que se brinda”, dijo Adriana Orocú, presidenta de Acojud.
Orocú afirmó que estas acciones del Poder Judicial de investigar a sus funcionarios deberían “dar tranquilidad” a la ciudadanía.