¿Se imagina una Corte Plena unipersonal, o un Tribunal –Juzgado sería más bien- Supremo de Elecciones que operara con un solo miembro y sin otra instancia? ¿O qué me dice de una Sala Constitucional compuesta por un solo magistrado?
Entonces, ¿por qué sí aceptamos una Contraloría General de la República (CGR) con una sola cabeza? ¿No es demasiado el riesgo? ¿Acaso no son suficientes las evidencias de disfuncionalidad? ¿Qué tal un Tribunal de Cuentas?
Después de la Presidencia de la República no existe un solo cargo que acumule más poder en cabeza de un solo funcionario público que el de Contralor General.
Decide sobre temas torales y montos exorbitantes. Asesorado sí, como cualquier otro funcionario, pero solo, sin par. Toda la institución descansa bajo su decisión libérrima, atado solo por el derecho y su conciencia. Con toda la maleabilidad de estos dos factores, entiéndase bien.
Por eso, justamente por eso, después del Presidente no hay un puesto más importante en Costa Rica que el del Contralor. ¿Que la Sala Constitucional tiene más poder? Pues sí, pero es una instancia colegiada y ahí está la pequeña gran diferencia. Lo mismo con el pleno legislativo.
Si se quiere empezar a hablar en serio de controlar la corrupción en este país, entonces debe colegiarse al ente rector, al vértice de todo el organigrama de fiscalización de la hacienda pública, la CGR. Sugiero algunas ventajas.
Primero, los miembros de un ente colegiado se controlan entre sí. En casos extremos se llegan a denunciar incluso. Pero además, se retroalimentan. Es mucho mayor la riqueza de criterios y por tanto disminuye la falibilidad. Que se equivoque uno en solitario no es difícil, pero tres en fila sería demasiada estulticia o incapacidad. Los votos salvados no solo enriquecen sino que evidencian.
Para seguir sumando, los miembros de un tribunal de cuentas se integran en momentos disímiles, lo que permite que la alternancia en el poder jalone mayor oportunidad de que los contralores provengan de diferentes extracciones ideológicas y académicas, de tal suerte que, ojalá, sus experiencias se eleven por encima de las del simple burócrata, partidócrata o idólatra.
Pero claro, nada se avanzaría y casi nada se lograría, si al escogerlos los partidos de oposición no se paran en fila, dejan sus distracciones pasajeras y proyectitos personales o partidistas y se concentran en que los nombrados sean lo más lejano posible del partido oficialista y, sobre todo, lo mejor preparados y valientes posibles.
Por lo pronto con que no sea alguien de la “Red de cuido” del presidente de turno ya es ganancia.
Tres características son las de un buen contralor: independencia partidista, formación académica en lucha anticorrupción y contratación administrativa, pero sobretodo, valentía. De nada sirven las dos primeras esencias si no se atreve, si una vez frente a los problemas repara en nombres o cifras y no solo en normas y valores.
Así las cosas, el próximo gran salto en el control de la hacienda pública en nuestro país debería ser la reforma que convierta a la Contraloría en un verdadero Tribunal de Cuentas, donde el riesgo de corrupción e incapacidad en su cabeza sea mucho menor y su productividad se triplique, para que por fin deje de llegar tarde como tantas veces (Alcatel, Fischel, Erickson, Alterra, BCIE, Crucitas, Trocha, OAS, Soresco, ¿sigo?), o simplemente no llegue, y sea sustituida por la prensa como ente contralor al que acuden hoy los ciudadanos cuando quieren parar alguna corruptela que nadie más se ha atrevido a parar, en cuenta un(a) contralor(a) con inmunidad, y para mayores señas nombrado(a) por un largo período con inamovilidad asegurada constitucionalmente.
Pero quede claro que no se gana nada si se siguen nombrando perfiles medianeros.
Oposición no se planta. Los resultados de esa tónica están a la vista y no se le deben cobrar solo al oficialismo, del que no podíamos esperar otra cosa, pues en la naturaleza del PLN está la corrupción. Así nació y así morirá. Debe pasársele esa factura a la oposición, esa que en cabeza del PAC, el ML y el PUSC, no supo plantarse y garantizarnos una Contraloría a prueba de fuego, es decir, a la altura de estos difíciles tiempos en que la corrupción y la impunidad campean.
¿En qué estaban diputados(as)? ¿Acaso discutiendo la trigésima reforma a la ley de tránsito o el benemeritazgo de algún cadáver de nuestra manida historia, o quizá las ocurrencias de Justo o los ejercicios gimnásticos sobre patrullas policiales de alguna diputada o, mejor aún, escogiendo la fecha que van a declarar día del diputado para que no los olvidemos? Válgame Dios…
Posiblemente no sea suficiente para reivindicarse a estas alturas, pero puede ser el principio de una salida airosa, reconstituir la integración de la Contraloría. La reforma es sencilla, el remesón implicante.
*Abogado especialista en anticorrupción.