Trazabilidad bovina costaría $3,2 millones

El desarrollo de un programa de trazabilidad bovina es responsabilidad del Ministerio de Agricultura y Ganadería por medio del Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa).
Así lo indica la Corporación Ganadera (Corfoga) en una nota enviada a los jefes de las fracciones legislativas en relación con el proyecto “Ley de Trazabilidad de la Ganadería Costarricense”, expediente 22.247.
La nota firmada por el director ejecutivo Luis Diego Obando expresa el rechazo al expediente 22.247, que propone otorgarle esa responsabilidad a Corfoga.
“El ente oficial responsable de implementar, fiscalizar, apoyar, capacitar y financiar al sector ganadero del país, en todo lo relacionado en el proceso de trazabilidad bovina, es conforme lo establece la Ley No.8495 el Senasa”, declaró Obando.
Citó la Ley No.8495, la cual indica que corresponderá al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), mediante el Senasa, la reglamentación, planificación, administración, coordinación, ejecución y aplicación de las actividades oficiales con carácter nacional, regional e internacional, relativas a la salud de la población animal, los residuos, la salud pública veterinaria, el control veterinario de la zoonosis, la trazabilidad o rastreabilidad, la protección y la seguridad de los alimentos, entre otros.
De acuerdo con Obando, el presupuesto de Corfoga es insuficiente para hacer frente a las obligaciones que demanda ese proyecto, por eso tomaron un acuerdo para oponerse a dicha reforma.
No obstante, asegura que están en la mejor disposición de contribuir para el cumplimiento de esa trazabilidad por parte de Senasa, siempre y cuando sea este quien cuente con los recursos presupuestarios o estos se trasladen a la Corporación.
Según datos estadísticos, en la actualidad Costa Rica tiene alrededor de 1.600.000 cabezas de ganado y para identificar cada animal con el arete electrónico oficial de trazabilidad se requieren $2.
Es decir, solo para ejecutar esa labor se necesitan $3,2 millones, a lo que se deben agregar costos de planilla, vehículos, gasolina, viáticos y equipo.
“Por eso Corfoga se opone al proyecto de ley expediente 22247, según acuerdo No.05-19-2020 tomado por la junta directiva en la sesión No.19-2020, celebrada el 19 de octubre de 2020”, finalizó.