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El transporte público es el corazón que mueve a Costa Rica. En él viajan a diario miles de trabajadores, estudiantes, adultos mayores y personas que confían en llegar a tiempo a sus destinos. Sin embargo, ese sistema que debería ser símbolo de eficiencia y servicio hoy es motivo de frustración para muchos.
Solo en lo que va del 2025 se han presentado más de 1.260 denuncias por mal servicio, cobros no autorizados e incumplimiento de horarios. El Consejo de Transporte Público (CTP) mantiene 117 empresas investigadas, y la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) reporta un incremento sostenido de quejas. Detrás de cada número hay una historia real: alguien que perdió una cita médica, que llegó tarde al trabajo o que simplemente decidió no volver a confiar en el transporte público.
El problema no es menor. Las rutas que no cumplen los esquemas operativos autorizados generan un efecto dominó en la vida diaria de los usuarios. Un autobús que no pasa a tiempo puede significar horas perdidas, oportunidades truncadas y, en muchos casos, una afectación directa en la economía familiar. A eso se suman los cobros indebidos, que lesionan la confianza y el bolsillo del ciudadano.
Costa Rica necesita un servicio de transporte público moderno, digno y eficiente. Uno que esté a la altura de un país que aspira al desarrollo sostenible y a una mejor calidad de vida para su gente. Pero para lograrlo se requiere más que buenas intenciones: hacen falta controles reales, sanciones ejemplares y una coordinación efectiva entre instituciones.
La responsabilidad no recae únicamente sobre las empresas autobuseras. También compete a las autoridades del CTP, Aresep, Canatrans y municipalidades garantizar que las concesiones funcionen en beneficio del usuario, y no del operador. La supervisión no puede ser reactiva ni burocrática; debe ser constante, técnica y transparente.
El transporte público no debe ser visto como una opción de segunda categoría, sino como una columna vertebral de la movilidad nacional. Mejorar la calidad del servicio implica también repensar la seguridad, las condiciones de accesibilidad, la puntualidad y la experiencia del usuario. Si los costarricenses sienten que el transporte es incómodo, inseguro o ineficiente, seguirán optando por el vehículo particular, incrementando los problemas de tráfico y contaminación.
Por eso, este llamado no es solo a los autobuseros, sino a todo el ecosistema del transporte: a los taxistas, a las plataformas privadas, y al propio Estado. Hace falta una política integral que fomente la competencia sana, promueva la modernización tecnológica y ponga en el centro al pasajero, no al negocio.
Es hora de devolverle al país un transporte que inspire confianza y orgullo. Que los buses lleguen cuando deben llegar, que las tarifas sean justas y transparentes, que los choferes estén capacitados y respeten al usuario. Que las autoridades actúen antes de que los problemas se conviertan en crisis.
Costa Rica no puede conformarse con un transporte que desanima. Necesita uno que motive, que conecte, que haga sentir a cada persona que su tiempo y su seguridad valen. Un transporte que, en lugar de restar paciencia, devuelva esperanza.