
Una semana tendrán las operadoras de pensiones para presentar una propuesta concreta sobre el eventual retiro anticipado del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP), en medio de un choque frontal entre criterios técnicos y posiciones políticas que amenaza con entrabar la discusión desde su arranque.
Durante la mesa de trabajo legislativa, los entes técnicos reiteraron su oposición a modificar el esquema actual. Nelly Vargas, representante de la Superintendencia de Pensiones, detalló que no existe una propuesta para un retiro acelerado, por lo que “no estamos de acuerdo” con esta modalidad.
Desde la Asociación Costarricense de Operadoras de Pensiones (ACOP), Roger Porras advirtió que un retiro total impactaría la tasa de reemplazo y reduciría la acumulación del fondo entre un 20% y un 30%.
“Claramente hace que las personas que quedan en el ROP tengan un perjuicio donde la tasa de rentabilidad disminuye hasta un 2% y eso se demuestra también en los estudios correspondientes, generando un perjuicio para las personas que quedan dentro del régimen”, explicó.
El Banco Central también sostuvo un criterio negativo. Mariano Segura explicó que “desvirtuar el rol que juega este fondo en el sistema previsional” motivó la oposición a los proyectos 24.955 y 24.984, ya analizados por su junta directiva.
La falta de apertura técnica encendió la reacción de los diputados.
Rosaura Méndez reconoció que existen “posiciones diferentes totalmente adversas” y lamentó no encontrar disposición para construir una salida que permita “brindarle una respuesta a los costarricenses”.
Ada Acuña fue más allá al señalar una actitud “debidamente coordinada para poner un cierre a cualquier iniciativa”, mientras Rocío Alfaro advirtió que, de no haber acercamientos, habrá “un altísimo costo político”.
En contraste, Leiner Vargas, del movimiento por el retiro del ROP, pidió que la modalidad que se acuerde sea viable en la agenda legislativa y no se diluya “en tecnicismos”.