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El nuevo presidente de la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago (Jasec), Belisario Solano, pretende acudir ante la mandataria Laura Fernández y al Consejo de Gobierno para definir el futuro del Proyecto Hidroeléctrico Torito II.
En una medida decisiva para destrabar 15 años desde el proyecto original y tras observaciones y cuestionamientos de la Contraloría General de la República (CGR) y la Auditoría Interna, la meta es exponer la radiografía de la obra y definir, al más alto nivel del Ejecutivo, que tipo de camino deben tomar en Cartago.
Ese desenlace podría estar orientado en que el Estado impulse un esquema de rescate mediante una alianza estratégica o bien, si la obra se cancela definitivamente, asumiendo las pérdidas patrimoniales y el impacto sobre los activos institucionales.
“Yo le voy a plantear a mis compañeros de junta la necesidad de tender puentes de forma inmediata con la Presidencia de la República. Yo represento al Poder Ejecutivo, entonces se supone que tengo una línea de comunicación más directa que nos puede permitir informar todo lo que ha pasado. Es muy importante que el Consejo de Gobierno conozca la historia, los detalles y a partir de ahí tomar la decisión: ¿Qué hacemos con el Torito?”, explicó Solano.
El dilema coloca a la nueva administración en una encrucijada entre el costo de la parálisis y la necesidad energética de Cartago.
“Tendremos que ver si dejamos que nos embista y lo mandamos al matadero, o le damos campo en la plaza para que venga a actuar y nos genere realmente una mejor calidad de vida a los cartagineses. Las medidas tienen que tomarse ya”, aseguró.
Asumir la obra en solitario con fondos propios es descartado por los técnicos de la institución, quienes aseguran que, a pesar de tener la capacidad para ejecutar el proyecto, la inversión es tan alta que comprometería prácticamente el 100% de los activos de Jasec.
“Esto requiere expertise político para poderlo desarrollar a través del modelo de la alianza empresarial que estamos proponiendo y de buscar opciones para poderlo hacer porque tiene un impacto trascendente para la institución”, subrayó Deiber Arrieta, jefe del Departamento de Contabilidad.
La intervención de la Presidencia se considera indispensable por el vínculo técnico que deben desarrollar con el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
Al requerir las aguas turbinadas por la planta Torito I (propiedad del ICE), Jasec reconoce que la obra depende de un “cordón umbilical” con esta entidad estatal, independientemente si la compañía decide participar como inversor en el proyecto.
Paralelamente, la directiva fijó un plazo límite de 30 días (antes de que finalice diciembre) para tomar la determinación final sobre si se avanza o si se le coloca “un candado” al proyecto, lo que arrastraría perdidas millonarias para la institución cartaginesa, así como la pérdida de obras de interconexión ya construidas en el río Reventazón.
Para evitar ese escenario, la administración apuesta a conseguir un socio que aporte entre $160 y $180 millones en una alianza empresarial.
En medio de la serie de cuestionamientos que aparecen sobre Torito II y sobre el esquema de inversión de Jasec, su nuevo presidente aseguró que revisarán las observaciones en junta directiva.
“A raíz de las publicaciones de Diario Extra vamos a agendar una sesión exclusiva para ver el tema de la Auditoría Interna, de los informes y de la CGR. Precisamente será para tomar decisiones inmediatas y dar instrucciones precisas a la parte administrativa para corregir ese tipo de señalamientos”, aseguró Solano.
Además, señaló que en caso de encontrar culpables en algún tipo de proceso de contratación tanto para el proyecto de Torito II, como para otras inversiones, elevarán el caso a instancias legales.
“Y si de las investigaciones administrativas se deriva alguna responsabilidad de orden civil, administrativa o penal, se tendrán que emitir los informes correspondientes a las instancias correspondientes, así sea hasta la misma Fiscalía General si fuera del caso”, subrayó.