Torito II: Contraloría acumula 15 años de cuestionamientos a proyecto hidroeléctrico
Órgano frenó intento de Jasec para realizar fideicomiso con el BCR
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A lo largo de los 15 años de historia del Proyecto Hidroeléctrico Torito II, la Contraloría General de la República (CGR) emitió una serie objeciones, condicionamientos, devoluciones de contratos y denegatorias de refrendo.
Lejos de ser un freno puntual a una estructura de financiamiento, la actuación del órgano contralor muestra una cadena de alertas sobre la falta de transparencia, las inconsistencias en los costos y la ausencia de sustento técnico en las decisiones de la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago (Jasec).
Las llamadas de atención de la CGR comenzaron desde el nacimiento mismo del proyecto.
En 2012, cuando Jasec pretendía adquirir el diseño preliminar y los terrenos a la Compañía Cartaginesa de Electricidad. por $12,46 millones, la División de Contratación Administrativa frenó el trámite mediante el oficio DCA-1855-2012. El documento exigió explicaciones inmediatas ante graves vacíos en el expediente.
“Se observan inconsistencias en las fechas de los avalúos de las fincas a adquirir. Existen notables discrepancias entre los reportes de costos comparativos presentados y no se detallan con transparencia las erogaciones de las actividades preliminares”, dice el documento
Aunque posteriormente la CGR otorgó un refrendo condicionado en el oficio 08713-2012 (Expediente 08713-2012), aclaró explícitamente que la responsabilidad legal, presupuestaria y técnica del precio pagado recaía de forma exclusiva sobre los directivos de la empresa pública, advirtiendo que la aprobación no validaba la razonabilidad del monto desembolsado.
Freno a fideicomiso
Años más tarde, cuando la institución intentó estructurar el modelo de desarrollo con el Banco de Costa Rica (BCR), el ente contralor emitió sucesivas denegatorias de refrendo (oficios DCA-1409 en 2016 y DCA-0970 en 2017).
En estas resoluciones, la CGR no solo objetó el intento de Jasec de catalogar el negocio como un arrendamiento operativo para eludir el límite legal de endeudamiento del 45% fijado por la Ley n.° 8345, sino que además fustigó la pretensión de la administración municipal de ocultar información pública.
“Se rechaza la solicitud planteada por esa Administración para declarar la confidencialidad de la información tanto del monto como el estudio de factibilidad del proyecto, por no existir mérito para ello, debiendo incorporar el monto estimado en el contrato”, señala el oficio DCA-1409 (Expediente 07062-2016),
En esa misma resolución, el órgano fiscalizador evidenció que el contrato introducía cláusulas contradictorias, no aclaraba quién asumía el mantenimiento de las obras y pretendía arrancar sin tener resueltas las viabilidades ambientales necesarias.
La última advertencia
El capítulo más reciente de este expediente de reparos quedó plasmado en el informe de auditoría de carácter especial DFOE-SOS-IAD-00001-2026.
En este examen sobre la fase de preinversión, la Contraloría concluyó que Jasec arrastra una falla estructural en la planificación de sus macroinversiones, seleccionando proyectos de forma predeterminada sin evaluar alternativas ni justificar la conveniencia pública.
“Los procedimientos de la fase de preinversión de Jasec no se encuentran alineados con la normativa vigente y la buena práctica aplicable, por lo que el proceso no resulta razonable en cuanto a garantizar la selección de alternativas de inversión que representen la solución óptima que atienda las necesidades públicas prioritarias”, explicó el ente contralor.
¿Qué espera hacer la compañía con el proyecto?
Según explicó Jasec a este medio, actualmente se encuentran evaluando las condiciones necesarias para el eventual desarrollo del proyecto Torito II mediante un esquema de Alianza Empresarial.
“Esta alternativa surge a partir de los resultados del estudio de factibilidad actualizado en 2025 y busca analizar opciones de estructuración técnica, financiera y operativa”, explicaron.
Adicionalmente, señalaron que durante 2026 se han desarrollado gestiones con el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), orientadas a “establecer un nuevo convenio que permita definir las condiciones” para continuar con el proyecto.
La negativa al proceso con el BCR
El análisis técnico del Ministerio Hacienda concluyó que el fideicomiso operaba como un simple intermediario de cobro, mientras que la empresa municipal absorbía los riesgos de variación en tasas de interés, sobrecostos de construcción, mantenimiento y falta de agua.
El oficio DCA-1409 (Expediente 07062-2016) citó textualmente los hallazgos de Crédito Público sobre la distribución de las obligaciones:
“La mayoría de los riesgos o beneficios derivados del activo son asumidos por Jasec. Adicionalmente si se analiza con detalle puede verse que la totalidad de riesgos asociados al activo son absorbidos directa o indirectamente por Jasec ya sea en su función de arrendatario o en su rol de Fideicomitente y Fideicomisario”.
El golpe definitivo a este modelo lo propinó la entrada en vigor de la Norma Internacional de Información Financiera 16 (NIIF 16) sobre arrendamientos. Los propios analistas de Banca de Inversión del BCR advirtieron en sus informes que la NIIF 16 obligaba a transparentar las deudas operativas en los estados financieros a partir de 2019.
