Un proyecto de ley pondría un tope máximo a los salarios de los 84 alcaldes. La iniciativa es impulsada por Antonio Ortega, diputado del Frente Amplio (FA) y se tramita bajo el expediente 24.438.
En concreto, se plantea reformar la Ley 9635 para reducir sustancialmente el tope máximo salarial pagado por el Estado a los funcionarios municipales y servidores, cuya designación sea por elección popular. El monto propuesto como máximo para todos seria ¢3,4 millones.
Asimismo, se establece que la actualización salarial no será una obligación, sino una facultad potestativa de las administraciones, pudiendo no ajustar al alza los salarios de sus jerarcas si bien lo consideran así por razones de oportunidad.
¿CÓMO SE FIJA EL SALARIO DE LOS ALCALDES?
Actualmente se rige por el artículo 20 del Código Municipal, el cual establece que, además de su remuneración, ganarán un 10% más del salario bruto mayor devengado en la municipalidad.
A lo anterior, se debe tomar en cuenta que si la carrera del funcionario cuenta con régimen de prohibición o dedicación exclusiva se le puede aplicar un monto adicional al salario.
Dichas condiciones, según Ortega, han generado diferencias considerables en materia salarial.
“Bajo el modelo impuesto por el Código Municipal, una municipalidad con presupuesto pequeño podría tener en su planilla a trabajadores con sueldos millonarios, ya sea por su especialización, por las responsabilidades que tiene, o bien, porque con el paso de los años y bajo el modelo salarial anterior acumuló años de experiencia y esto infló el salario.
De ser así, cada año se calculará el pago del alcalde o alcaldesa con base en ese monto millonario que devenga un funcionario municipal, lo que se reflejará en el pago al jerarca. Por el contrario, una municipalidad que reporta bajos montos en su planilla provocará que el cálculo salarial del alcalde también sea bajo”, explicó el legislador.
SUELDOS ELEVADOS
En el caso de la Municipalidad de San José, el salario asciende a los ¢8.589.676.
Doce gobernantes locales ganarían entre ¢1 millón y ¢2 millones; 22, entre ¢2 millones y ¢3 millones; otros 22, entre ¢3 millones y ¢4 millones; 12, entre ¢4 millones y ¢5 millones; y 13, más de ¢5 millones.
Únicamente, a manera de dato, la alcaldesa Anne Hidalgo, de París en Francia, reporta un salario 6.500 euros mensuales (menos de ¢3.700.000), por su parte Virginia Raggi, de Roma en Italia, se embolsa menos de ¢5.000.000 y el alcalde José Luis Martínez Almeida, de Madrid en España, cobró menos de ¢4.900.000 al tipo de cambio.
Mientras tanto, en el país, el funcionario municipal de Talamanca, con unos de los más bajos Índices de Desarrollo Humano (IDH), reporta un salario mensual de ¢5.740.000, el cual, por la Ley 9635, llega a alcanzar los ¢6,8 millones.
“Existen razones de índole ético que también fundamentan la necesidad de esta reforma legal: Los salarios actuales de los alcaldes y otros altos jerarcas del país son desproporcionadamente altos, tanto en relación con el ingreso medio de un trabajador costarricense, como con los ingresos propios de la administración pública, como con los salarios de sus colegas de otras latitudes.
Considerado el nivel de ingresos de nuestros conciudadanos, los niveles de desigualdad, el costo de vida comparativo con otras naciones y el nivel de deterioro histórico de nuestras instituciones propio de gestiones que no han estado a la altura de los tiempos, no se justifican los altos salarios actuales de altos jerarcas. Estos deben bajar”, señala.