El nuevo proyecto para eliminar las pensiones de lujo presentado con bombos y platillos por el Poder Ejecutivo durante la conferencia de prensa de los miércoles violenta los derechos de las personas que cada mes aportan sus cuotas.
En consecuencia, se busca un tope general en los tres regímenes principales (Magisterio, Poder Judicial e Invalidez, Vejez y Muerte), pero los futuros beneficiarios cotizan de manera diferente en cada uno de ellos.
Así lo señaló la Junta de Pensiones del Magisterio (Jupema) ante la consulta de Diario Extra.
Además de reclamar por el tope de ¢1,7 millones planteado por Zapote, duda de la autenticidad de los estudios que en teoría validarían la nueva ley.
“El proyecto de ley provoca una afectación a los derechos adquiridos de los pensionados, ya que realizar más recortes a las pensiones es inconstitucional, tal y como lo han referido ampliamente los Tribunales.
El mismo tiene roces con la Constitución y se basa en aparentes estudios actuariales que carecen de la técnica para sugerir esa violación a los derechos, pues hay ausencia de información histórica para efectuar el análisis señalado”, alertó Jupema.
Respecto a los análisis, señaló dudas de los alcances técnicos de ese informe porque ni el Ministerio de Hacienda ni ellos como junta administradora del ese régimen disponen de los datos históricos para efectuar el análisis como lo requieren la reglamentación y la técnica actuarial.
“No es adecuado”
La iniciativa ya acumula varios detractores, no solo las personas que se resultarían afectadas directamente por este tope a los montos.
Este medio conversó con Marco Durante, abogado laborista experto en pensiones, quien detalló que la idea de medir los distintos regímenes con la misma vara, como se dice popularmente, no es la respuesta más sana.
“La salud de los fondos de pensiones depende de que se reflejen las cotizaciones realizadas por cada persona dentro de su régimen específico.
Comparar regímenes no es adecuado, ya que para cada uno tiene límites y características distintas de acuerdo con su naturaleza.
Además es fundamental garantizar que no existan pensiones injustificadas que no respondan al esfuerzo individual de los cotizantes”, explicó.
Por su parte, el abogado constitucionalista Luis Felipe Rodríguez también considera complicada la propuesta del Ejecutivo.
Primero por la independencia judicial y la autonomía del Poder Judicial por un lado, después por la afectación a situaciones jurídicas consolidadas de algunas personas jubiladas y por último por el transitorio que se fija en el proyecto de ley de apenas seis meses para ajustar los montos.
Incluso, al presentar la propuesta, el propio presidente Rodrigo Chaves reconoció que al ser enviado a la Sala IV por los diputados “lo van a decir de nuevo: esto es inconstitucional”.