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Recientemente Fernando Berrocal Soto, exministro de Seguridad Pública, propuso que los recursos decomisados al narcotráfico sean utilizados para la emergencia sanitaria del Covid-19.
La idea es que el gobierno disponga de esos fondos para financiar los subsidios por desempleo, así como los requerimientos de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).
Actualmente esa plata es utilizada por el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) para luchar contra dicho ilícito.
DIARIO EXTRA dio a conocer en su edición de este jueves 2 de abril que por dichos ingresos no tributarios el ICD reportó ¢4.516 millones el año pasado.
Esa fuente de recursos hace referencia a las inversiones financieras que realiza el ICD de los dineros que son decomisados en causas de narcotráfico, legitimación de capitales, desvío de recursos y actividades conexas.
La plata tiene un destino específico, un 60% debe distribuirse en programas de prevención, un 30% en programas de represión y un 10% en aseguramiento y mantenimiento de bienes decomisados.
Esa propuesta, que también se escucha cada vez con más fuerza desde otros sectores, debe de ser analizada detenidamente por el gobierno.
El Poder Ejecutivo debe de echar mano de todo tipo de fondos antes de seguir endeudándose con empréstitos que después serán los costarricenses los que tendrán que pagarlos.
Tampoco es de recibo que se proponga un nuevo impuesto que golpee a la clase trabajadora ni a las empresas.
En un momento donde los empresarios hacen malabares para mantener a su personal y las personas que aún tienen trabajo para seguir haciéndose cargo de sus obligaciones financieras, no se vale que se quiera ahogar más a los ciudadanos.
El gobierno tiene la posibilidad de buscar recursos de otros lados, como por ejemplo la presente propuesta.
Si bien la lucha contra el narcotráfico es vital para nuestro país, también es cierto que la crisis sanitaria y económica debe de afrontarse.
La solidaridad no solo debe de venir de la gente, sino del Estado. Todas las instituciones tienen que colaborar en esta emergencia, solo así podremos salir adelante.
Costa Rica tiene instituciones sólidas. Un aparato estatal fortalecido y robusto que debe de demostrar para lo que está hecho.
Celebramos por ejemplo la decisión del Instituto Nacional de Seguros de trasladar al Ministerio de Hacienda una importante suma de sus utilidades que ayudarán a fondear los subsidios para las personas desempleadas.
Cuando se cuente con ese dinero, Hacienda lo meterá en un presupuesto extraordinario que presentará ante la Asamblea Legislativa.
Ese es el espíritu que debe de prevalecer, no el de reducir aún más el poder adquisitivo de la gente, o las utilidades de las empresas que luchan por seguir de pie colaborando a la larga con el mismo gobierno por medio de sus contribuciones tributarias.
Esperemos que el gobierno responda pronto a la iniciativa del exministro Berrocal y lo ponga sobre el tapete.
Posiblemente sean necesarias reformas legales, las cuales también estamos seguros, los legisladores podrán modificar.
Los recursos del narcotráfico deben ayudar a atenuar las necesidades de los que menos tienen.
Es decir, de esos cientos de personas a los que se les suspendió su contrato de trabajo o se les redujo. A esas familias que tienen que seguir comiendo y pagando el alquiler.
Es momento de utilizar de una manera inteligente los recursos de las instituciones.