La población está desprotegida ante los abusos en cobros por parte de empresas importadoras de electrodomésticos. A todo eso se suman cláusulas poco claras para el ciudadano, inconsistencias en la modalidad de pago y acoso telefónico.
Dicha situación podría incluso estar generando fraude fiscal. Así lo denunció Manuel Morales, diputado del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), en el plenario legislativo.
“Los abusos de las comercializadoras de línea blanca están a la orden del día. En Importadora Monge, por ejemplo, no reciben pagos con tarjeta de débito si la cuenta tiene algún retraso”, indicó el oficialista en su espacio de control político.
Morales remarcó que la política de esta empresa obliga a los consumidores a “pagar en efectivo si el pago se hace en cajas, a pesar de que tienen datáfonos de sobra”. Enfatizó que esta práctica violenta la Ley No.9416, que obliga a las personas físicas o jurídicas con actividad lucrativa a aceptar el pago con tarjetas.
En riesgo por abusos
El legislador denunció riesgos como las afiliaciones a plataformas virtuales o apps móviles que tienen acceso a cuentas y datos personales. Lo anterior no solo aplica para distribuidoras de electrodomésticos, sino también para entidades bancarias.
“No se sabe dónde va a parar esa información. ¿Quieren esa información para acosar con publicidad y ofrecimientos o será que hay venta de perfiles crediticios a entes privados o empresas cobradoras?”, cuestionó.
Morales dijo que, “si es por el lado de los bancos, todos hemos tenido experiencias con cobros de tarjeta que nadie sabe de dónde provienen, estados de cuenta inentendibles, costos ocultos, variaciones de contrato sin consentimiento, cobros adicionales para liberar la hipoteca cuando ya se canceló la deuda, cobros por hacer transferencias o por hacer una gestión en cajas. ¡Hay que regularlo!”.
Según Morales, existen nuevas modalidades de pago, de las cuales las empresas sacan provecho: una de ellas es el Sinpe, mediante la cual los comercios obligan a renunciar a fechas de cancelación o, en su defecto, no se respeta la fecha pactada entre el comercio y el cliente.
Maniatados
Cynthia Zapata, directora de Apoyo al Consumidor del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), dijo conocer sobre abusos tanto en empresas de línea blanca como en entidades bancarias.
No obstante, afirmó que están atados de manos porque la ley no les permite intervenir en casos de cláusulas abusivas.
“Una persona puede venir y decirnos: ‘Tengo una cláusula o un cobro abusivo con la compra de mi lavadora o de mi cocina’, pero lamentablemente nosotros no podemos hacer nada porque la Ley No.7472 no nos permite la revisión de cláusulas abusivas en contratos financieros”, explicó.
“Estamos maniatados y lamentablemente las personas deben acudir a los tribunales de justicia y contratar un abogado para pelear por sus derechos. Actualmente el consumidor se encuentra digamos en un mayor grado de vulnerabilidad”, agregó la funcionaria.
Urge ley
Tanto Morales como Zapata señalaron la urgencia de que se apruebe el Expediente 24.616, “Ley de Protección del Consumidor de Servicios o Productos Financieros”. Dicha iniciativa, del Poder Ejecutivo, plantea una regulación especial en materia de derechos del consumidor. Además, establece multas a los comercios que incurran en conductas abusivas contra los usuarios.
Finalmente, asigna al MEIC la responsabilidad de supervisar la conducta de los proveedores financieros, en coordinación con las superintendencias financieras.
El texto está en la Comisión de Asuntos Económicos y cuenta con el respaldo de la mayoría de las fracciones legislativas, no obstante, Morales admitió que existe lobby de entidades financieras en contra de la propuesta.
“Los entes financieros asociados a la ABC, por medio de su testaferro, la Oficina del Consumidor Financiero, que es una ‘defensoría del consumidor’ pagada por los entes de los que nos tenemos que defender, han lanzado un fuerte lobby para frustrar ese proyecto”, indicó el diputado.
Precisamente, la ABC fue consultada sobre este proyecto e indicó que “se otorgan facultades que permitirían a los órganos del MEIC coadministrar a entidades financieras públicas y privadas”.
El oficialista hizo un llamado a la ciudadanía a estar vigilante y “no dejar que los intereses financieros se sobrepongan al bienestar de la economía y del bolsillo de las familias costarricenses”.
Diario Extra gestionó una consulta con el encargado de prensa de la importadora mencionada por el legislador, sin embargo, al cierre de edición no hubo respuesta a este medio.
Cynthia Zapata
Directora de Apoyo
al Consumidor del MEIC
“Es necesario aprobar un proyecto de ley para protección al consumidor financiero. La OCDE ya había emitido una recomendación para que Costa Rica tuviera normativa específica en esa materia. Actualmente no tenemos legislación específica y por lo tanto el consumidor está en vulnerabilidad”.
Manuel Morales
Diputado PPSD
“Se sabe que quienes desean que solo se les pague en efectivo lo hacen para ocultar el rastro de las transacciones, con la intención de evadir impuestos o por peores razones”.
