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Los costarricenses expresaron su oposición al Proyecto 21.049, Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos, iniciativa que busca poner orden a las huelgas, manifestaciones y marchas en las calles.
Luego de un sondeo popular realizado por DIARIO EXTRA, todas las personas consultadas se opusieron a un posible intento de prohibir o limitar las huelgas, además, no están de acuerdo en que se trate, de alguna forma, de eliminar a los sindicatos.
En el proyecto se establece el deseo de los legisladores de dar una mayor agilidad al proceso para la definición de una huelga como legal o ilegal, para no afectar los diversos servicios públicos del país.
Según se lee en el texto, la reforma procesal laboral abrió un portillo para que los trabajadores de servicios esenciales se vayan a huelga, mientras el juez no hace la declaratoria, aún a sabiendas de que existe la prohibición, provocando una violación a los derechos fundamentales de los ciudadanos.
“Esta reforma establece que, en el caso de huelga en servicios esenciales, como es manifiestamente ilegal, no procederá el trámite de calificación. La parte empleadora podrá iniciar una gestión ante al Juzgado de Trabajo del Primer Circuito Judicial de San José, en donde se solicite ordenar a los trabajadores su reincorporación a sus puestos de trabajo en un plazo máximo de veinticuatro horas”, dice la iniciativa.
Sumado a ello, pretende rebajar el salario a los trabajadores que están en huelga y que es declarada ilegal, el cual deberá ser retroactivo desde el momento que el patrono solicita la declaratoria de ilegalidad.
La disolución de las organizaciones sindicales es parte de la propuesta en el proyecto, cuando los dirigentes inciten a sus afiliados a limitar o restringir la libertad de tránsito de los ciudadanos, realizar sabotajes sobre viene públicos y llevar a cabo cualquier conducta que comporte un ilícito penal.
Otros cambios que buscan es la celeridad para notificar a los dirigentes sindicales sobre las decisiones de los tribunales de trabajo.
Las organizaciones sindicales han sido muy enfáticas en que no van a permitir que los diputados les quieten el derecho a la huelga ni traten de intimidarlos con desaparecerlos. Por el contrario, han señalado que se manifestaran con o sin el aval de los legisladores.