Los costarricenses tendrán que estar alerta ahora no solo por la presencia del COVID-19 y los posibles contagios, sino que también por la liberación de reos que hará el Ministerio de Justicia y Paz por orden de jueces de Juzgados de Ejecución de la Pena.
Así lo señaló Mainor Anchía, dirigente de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), específicamente de la seccional Fuerza Pública.
El sindicalista afirmó que se trata de un tema delicado y de peligro para la sociedad del que achaca la responsabilidad al Partido Acción Ciudadana (PAC), ya que desde la administración Solís Rivera es que se tomó la decisión de liberar a los privados de libertad.
“Podría haber afectación, tendría que valorase qué tipo de personas regresan a las calles, si se trata de un criminal, un violador, un narcotraficante que tienen patologías de vulnerabilidad al virus, entonces, habría que decirle a la gente que además del COVID-19 hay otro tipo de riesgo”, señaló Anchía.
“Liberar privados de libertad sin cumplir la sentencia por la comisión de algún delito y no pasar por un proceso de reinserción es un riesgo para la seguridad comunal y de repente podría uno pensar que el gobierno se aprovecha de la situación para seguir con su política de liberación”, añadió.
Por su parte, Xiomara Rojas, secretaria general del Sindicato de Trabajadores Estatales Costarricenses (Siteco), dijo que efectivamente los privados de libertad son seres humanos, pero si se hubieran portado bien no estarían presos.
Expresó, además, su preocupación por la decisión de los jueces al no estar muy claras las condiciones sobre qué pasara cuando vayan para las casas y quiénes los van a cuidar.
“Ojalá muchos no vayan a delinquir, en este momento estoy preocupada porque no he visto la fundamentación. Esto no está bien sustentado, ellos son seres humanos, pero ¿ya verificaron sus casas también?, ¿que tengan las condiciones adecuadas?”, cuestionó Rojas.