The Wall Street Journal expone cómo la violencia narco sacude a Costa Rica
Reportaje internacional asegura que crisis por el narcotráfico provoca un "terremoto político" en el país
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El diario estadounidense The Wall Street Journal (WSJ) presentó a Costa Rica como un país cuya estabilidad política enfrenta una amenaza por el crecimiento de la violencia vinculada al narcotráfico y la confrontación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial.
El reportaje, publicado este jueves bajo el título “La violencia desbordada del narcotráfico desata un terremoto político en Costa Rica”, señala que el país pasó de ser considerado un referente de estabilidad democrática en una región marcada por la inseguridad a registrar un aumento sostenido de los homicidios.
Según el medio, los asesinatos aumentaron un 50% desde 2020, lo que habría colocado la tasa de homicidios costarricense en niveles similares a los de México. El reportaje atribuye el deterioro de la seguridad al crecimiento del narcotráfico y al papel de Costa Rica como punto de tránsito de cocaína hacia Estados Unidos y Europa.
La publicación también muestra la reducción que experimentaron los decomisos de cocaína durante parte de ese periodo. Con base en datos del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), las incautaciones pasaron de más de 45 toneladas en 2020 a alrededor de 21,4 toneladas en 2023, lo que representó una caída de más del 50%.
La tendencia cambió posteriormente, puesto que los decomisos aumentaron a 27 toneladas en 2024 y a cerca de 46 toneladas en 2025, la segunda cifra más alta registrada en el país.
Choque de poderes
El WSJ vincula la crisis de seguridad con la confrontación política que mantiene la presidenta Laura Fernández con el Poder Judicial. La publicación menciona las acusaciones de la mandataria sobre una supuesta infiltración del crimen organizado en ese poder de la República, la denuncia penal presentada contra magistrados constitucionales y los recortes presupuestarios promovidos por el Ejecutivo.
Por otra parte, recoge la posición de autoridades judiciales y dirigentes de oposición, quienes consideran que el oficialismo utiliza la inseguridad para ampliar su control político.
