En los últimos días la prensa ha estado llena de informaciones sobre la penetración del narcotráfico, a vista y paciencia de todo el mundo, en las escuelas y colegios, y no cesan, por supuesto, los ajusticiamientos por cuentas pendientes de droga, especialmente en los barrios marginales y en las comunidades en riesgo social.
Seguimos igual que siempre, aunque pareciera, a juzgar por lo que analizaron en la última Asamblea General de la OEA, la semana pasada, en Antigua, Guatemala, que hay una tesis a la que finalmente le estaría llegando su tiempo en América Latina. Una tesis que hemos defendido por muchos años.
La vieja estrategia de reducir la estrategia de lucha contra el narcotráfico, el consumo adictivo de drogas y el crimen organizado a un enfoque nada más que de policía y de represión, está superado por la realidad y la evidencia. En México ese enfoque hizo crisis. Además de un eje de acción policial y de represión, se requiere de una “política pública integral” y sostenible en el tiempo. Si a la par de la acción policial y la represión no se pone en ejecución un eje de desarrollo humano y se articulan, simultáneamente, un conjunto de políticas preventivas, de salud y de desarrollo social, la gran batalla contra este flagelo de nuestro tiempo la vamos a perder en América Latina.
El razonamiento, puesto en dimensiones nacionales, es simple: es esencial, aunque no suficiente, que la Fuerza Pública, el OIJ y la PCD, incauten la mayor cantidad posible de drogas a gran escala, en alta mar o en bodegas o en tránsito por el territorio, e igualmente en pequeña escala y en el tráfico de pulpería, en los barrios y a las puertas mismas de nuestras escuelas y colegios.
Ese esfuerzo es encomiable y fundamental. Sin embargo, será siempre insuficiente si, a la vez, el Estado Costarricense no es capaz de articular una política integral de seguridad humana, más allá de la acción policial, en el campo de la prevención por medio del Ministerio de Educación Pública, el Ministerio de Cultura, las Municipalidades y la sociedad civil, organizando y capacitando, por ejemplo, a los mismos muchachos (as) en las escuelas y colegios, desarrollando opciones alternativas que van desde el campo de la cultura hasta la recreación y la construcción de instalaciones deportivas y el importante alumbrado público. A la vez y al mismo tiempo, el Estado Costarricense tiene que hacerse cargo de la dimensión fundamental de la salud porque la adicción a las drogas es una enfermedad. Este esfuerzo integrado debe tener como una de sus metas la recuperación de los adictos y su reinserción en la vida social útil y para ello están el IAFA y la CCSS.
Acuerdo regional. También y como tesis novedosa hasta podría considerarse el tema de la legalización de la marihuana, si hay un acuerdo regional viable, la que diversos estudios científicos han demostrado que es menos dañina y adictiva que el licor y el tabaco. De todo eso se trata y no solo de acción policial represiva.
Se trata, efectivamente, de todo esto y de más, construyendo una visión integral, con la participación de muchos actores públicos y privados, por medio de una “política pública”, y no solo de que tal o cual otro Ministro de Seguridad haya incautado tantas o más toneladas de droga. El problema es mucho más profundo. La solución o es integral a nivel nacional y surge de un acuerdo que debe ser además transnacional, porque el problema tiene dimensiones internacionales, o no será nunca suficiente la acción policial. Si no se tiene esa visión integral y no trabajamos en el tema con seriedad y responsabilidad, la batalla siempre la tendremos perdida. Eso es lo que dice, y con razón, el último informe técnico de la OEA.
El eje de la acción policial efectiva es fundamental. El eje de la acción de la seguridad humana y el desarrollo social lo es igualmente. Articular ambos campos de acción y darle unidad y coherencia a la ejecución de una “política pública integral”, desde el más alto nivel del Estado Costarricense, es lo que hasta la fecha no se ha podido lograr en nuestro país, a pesar de lo se ha dicho en los debates y prometido en los últimos Programas de Gobierno.
Visión integradora. El nombramiento de un “zar antidrogas”, por ejemplo, se limitó a una función medio policial y en el ICD, sin verdadero poder y a medio camino entre la DIS y un Viceministerio de la Presidencia, frente a la magnitud y la importancia nacional del problema real del consumo y la adicción creciente a las drogas entre la juventud, la desintegración social y familiar, la corrupción que se genera y el sentido integral que debe tener la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.
Ha faltado, esa visión integradora y un factor de poder político, al más alto nivel de la Casa Presidencial, que fuera capaz de articular, darle coherencia y ejecutar esa “política pública integral”. Entre tanto, el tema de la inseguridad seguirá como fundamental en la agenda nacional y la droga seguirá haciendo estragos en Costa Rica, como todos los días constatamos en las informaciones de la prensa.
Pudiera ser que, tal vez, a esta tesis finalmente le esté llegando su hora y con la bendición de los gobiernos de América Latina y hasta de Estados Unidos y Canadá. Si así fuera, estaríamos comenzando a recorrer el camino correcto.
*Exministro de Seguridad.