El primero de mayo del presente año la Presidenta de la República presentó ante la Asamblea Legislativa su tercer mensaje relativo a los diversos asuntos de la Administración y al estado político de la República, conforme lo establece el artículo 139 de la Constitución Política.
Como legislador es un deber analizar el mensaje presidencial del período 2012-2013 y reflexionar sobre él, particularmente como Presidente de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa durante tres años, en lo concerniente a la seguridad ciudadana y la paz social.
Acerca de los índices de criminalidad, la Presidenta cita como logros la disminución de estos, la baja sensible de muertes violentas y la caída en la sensación de inseguridad de los ciudadanos. Esto se fundamenta al anotar que la tasa de homicidios entre el año 2011 y 2012 bajó un 17%, y entre 2009 y 2012 bajó un 26%, así como que los femicidios pasaron de 40 a 18 (-50%) de 2011 a 2012, y el robo de vehículos bajó un 15% entre el 2011 y 2012.
Por otro lado, en la Memoria de la Contraloría General de la República 2013 se cita en el Compendio de Indicadores Judiciales que la tasa de delincuencia 2010-2011 pasó de 1.666 a 1.612 x 100.000 habitantes, con una disminución de 3,2%, y que la tasa de criminalidad 2010-2011 pasó de 181,5 a 155,7 x 100.000 habitantes, con una disminución de un 14,2 %, pero no se reportaron datos del 2012. El mensaje presidencial, por su parte, no establece la fuente, solo queda confiar en esa información.
Respecto al número de policías se indica que existen 14.000 efectivos en las calles, pero el Informe de la Contraloría General de la República señala que en el año 2011 únicamente se reportan 774 nuevos policías, de 1.000 ofrecidos por año en campaña y, en el 2012, se registran 570 nuevos policías, de los 1.000 ofrecidos, con un porcentaje de avance de tan solo 33,6%.
La situación es alarmante cuando se aborda el Ministerio de Justicia y Paz, ya que en el informe de labores de la Presidenta se indica que se han gestionado recursos para espacios carcelarios, por el orden de $110 millones para 2.700 nuevos espacios, sumados a los 1.000 construidos. No obstante, al comparar estas referencias con el informe de la Contraloría, para el año 2011 solo se vio un avance del 4,50% en el cumplimiento de las metas, y para el 2012 un crítico 3%, con un porcentaje consolidado de avance de 7,50%.
En cuanto a la lucha contra el crimen organizado se establece que en materia de organizaciones criminales se han desmantelado 350, y sobre la incautación de drogas no se hace mención a ningún dato, solo se señala que fueron “importantes cantidades”, lo que imposibilita una medición objetiva y racional.
Este mensaje presidencial debe ser contrastado con otros datos relevantes tales como: la Memoria Anual de la Contraloría General de la República y otros, solo mencionaré algunos puntos relevantes comparados con diversos informes:
En cuanto a la Primera parte: Sobre opiniones y sugerencias, en tratándose de la percepción de impunidad, sea sobre la falta de castigo, corrupción e ingobernabilidad, el ente contralor refiere que la organización “Transparency International”, en su índice sobre percepción de corrupción, coloca al país en la posición 48 entre 174 países.
En esta misma parte, sobre el “18° Informe del Estado de la Nación”, alerta que solo un tercio de los casos ante la Gerencia de Denuncias de la Contraloría, ante la Procuraduría de la Ética de la Procuraduría General y la Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público terminan en una resolución efectiva.
Por otro lado, con respecto a la Segunda parte: En cuanto al Dictamen de la Liquidación del Presupuesto, en el análisis de las Modificaciones al Presupuesto Nacional en el 2012, relativo al primer presupuesto extraordinario, se destacan los tres nuevos créditos con el BID aprobados por la Asamblea Legislativa, que apenas inician ejecución y, en el segundo presupuesto extraordinario, el traslado de recursos del Ministerio de Seguridad a la Comisión Nacional de Emergencias por la declaratoria de emergencia en la Isla Calero y la construcción de la Trocha Fronteriza, un escándalo de corrupción y chorizo que tiene indignada a la sociedad costarricense y que nos colocó en un hazmerreír internacional.
En lo que respecta al Informe de Evaluación Física y Presupuestaria, realizado por el Ministerio de Hacienda sobre la efectividad de programas presupuestarios, el Ministerio de Seguridad no se ha pronunciado en lo referente a su gestión en materia de la operatividad de los cuerpos policiales, y en cuanto al Ministerio de Justicia no se pronuncia acerca de la administración penitenciaria; situaciones graves y alarmantes que impiden un análisis y control efectivos.
Indica dicha Memoria que los estudios del INEC / PNUD, sobre las estrategias de seguridad, destacan la incursión en sitios de alto riesgo, el fortalecimiento del número de efectivos, el programa de policía comunitaria y la instalación de cámaras de vigilancia; sin embargo, el Informe de Mideplán reconoce la existencia de desafíos como la nueva Academia Nacional de Policías, los proyectos de prevención contra la violencia social, el nuevo Plan Nacional de Drogas y la articulación de los cuerpos de policías, a los que la Presidenta no hace referencia, ni siquiera de forma marginal.
La Contraloría analiza el avance de metas sectoriales sobre la base del Plan Nacional de Desarrollo 2011-2012, en el eje de seguridad y paz destaca que no hay disponibilidad de información, y sobre metas de acciones estratégicas sectoriales, el avance satisfactorio es solo de un 52,2 % y el avance crítico de un 17,4 %.
En la Tercera parte: Memoria año económico, en torno al Índice de gestión institucional, el sector seguridad tiene un promedio de cumplimiento del 77,58.
En la Cuarta parte: Acerca del tercer informe de labores de la Presidenta, el ente contralor indica que una de las principales instituciones públicas denunciadas es el Ministerio de Seguridad, el cual se encuentra en la posición 8 de 9, con una cantidad de veintiuna denuncias.
Es importante señalar que existen varias e importantes omisiones en el mensaje presidencial, las cuales son preocupantes. Si bien se reconocen esfuerzos importantes, los índices y las referencias que realiza la Memoria de la Contraloría reflejan una falta de planificación correcta en cuanto a la ejecución y el cumplimiento de metas, en un tema de vital importancia como es la seguridad ciudadana y la paz social.
Las costarricenses y los costarricenses no podemos vivir de percepciones sino de realidades basadas en el entorno social y en estudios técnicos, por ello exigimos una mayor rendición de cuentas, un verdadero combate a la corrupción, al tráfico de drogas, armas y una política de prevención efectiva que promueva una sociedad más libre, inclusiva, tolerante y pacífica.
*Diputado, Movimiento Libertario.