Tensiones institucionales matizan el anuncio de operativos en Cartago

La reciente conferencia de prensa realizada en el Ministerio de Seguridad en Zapote para anunciar la intervención policial “Fuerza Élite” en Cartago reunió en la misma mesa al director interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto, y al ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos.

Aunque la presentación oficial del despliegue de más de 120 oficiales buscaba mostrar un frente unido para contener la criminalidad, hubo una clara tensión de fondo entre el Poder Ejecutivo y el sector judicial sobre cómo enfrentar la crisis de seguridad y la escasez de recursos.

El director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), Pablo Martínez, urgió a que el Fiscal General y los jueces marquen el mismo paso que la policía de calle para que los operativos de alto impacto realmente den frutos.

En respuesta a estas exigencias, el director Soto puso sobre la mesa la asfixia presupuestaria que sufre la policía de investigación por las decisiones de recorte financiero del Gobierno.

Soto advirtió con firmeza que “reducir presupuestos implica que haya problemas de combustibles y viáticos” para los investigadores y la dificultad aún mayor para abordar casos de crimen organizado como “Riverside”, el cual destinó gran cantidad de recursos.

“Tenemos más de 20 mil privados de libertad en el centro penitenciario. Nunca antes en la historia de Costa Rica se había visto algo parecido”, destacó Soto.

La molestia del Ejecutivo radica en que el Ministerio Público no solicite prórrogas para las prisiones preventivas, lo que, según su postura, provoca que “los casos no lleguen a juicio o terminen en sentencias absolutorias”.