“Tenemos un déficit de 500 oficiales”

El director de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), Omer Badilla, conversó con Diario Extra sobre los principales retos que enfrenta la institución en materia migratoria para lo que resta de esta administración, entre ellos la falta de oficiales. A continuación, un extracto de la entrevista:

¿Cuáles son los principales retos de la Dirección General de Migración y Extranjería para este año?

En lo administrativo, trabajamos en la digitalización de sistemas y procesos, lo cual permitirá ofrecer un servicio más eficiente al ciudadano. También enfrentamos una limitación importante en el recurso humano, especialmente en la Policía Profesional de Migración. Con el apoyo del ministro Mario Zamora, buscamos estrategias para fortalecer esta área, que es la cara visible del país ante las personas migrantes que ingresan por fronteras, aeropuertos o vía marítima.

¿Cuál es el estado actual de la Policía Profesional de Migración y la situación en las fronteras?

Tenemos un déficit de al menos 500 oficiales. La Zona Norte, especialmente la frontera con Nicaragua presenta grandes desafíos. Aunque contamos con pocos efectivos, coordinamos con la Policía de Fronteras y Seguridad Pública para atender puntos críticos de ingreso irregular.

¿Qué opinión tiene sobre el proyecto 24.134 para financiar a la Policía de Migración?

Lo vemos con buenos ojos. Necesitamos crecer como cuerpo policial. Si se logra definir una fuente de financiamiento estable, apoyamos totalmente la iniciativa. Estamos agotados laboralmente y requerimos más plazas y recursos.

En el pasado, hubo afectaciones al sitio web de Migración. ¿Cuál es el estado actual?

Hemos sido víctimas de ciberataques. El más reciente ocurrió en diciembre pasado, pero logramos resistirlo gracias al apoyo del Ministerio de Ciencia y Tecnología, y de otras instituciones. La plataforma ya está en funcionamiento, con algunos ajustes pendientes. Es una página robusta y estamos incorporando nuevos elementos para mejorar la atención al ciudadano.

¿Se perdió información sensible durante los ataques?

Afortunadamente no, los protocolos de seguridad evitaron el robo de información. Sin embargo, tuvimos que suspender temporalmente los servicios en línea, lo que afectó la atención. Por ello recurrimos a canales presenciales y telefónicos para continuar brindando los servicios.

Durante ese periodo se reportaron estafas. ¿Qué saben al respecto?

Sí, siguen ocurriendo. Personas inescrupulosas utilizan el logo de Migración y se hacen pasar por funcionarios para estafar a los usuarios. Queremos dejar claro que todos nuestros trámites se realizan por medios oficiales, nunca solicitamos información sensible por teléfono. Hacemos un llamado a la población migrante para que proteja sus datos y no caiga en estas extorsiones.

¿Cuál fue el balance de la categoría especial temporal que se habilitó?

Accedieron menos de 10 mil personas, pese a que era una opción válida para quienes no calificaban como refugiados. Evaluamos reactivarla, pero tuvo un alto costo económico para el Estado. Estamos valorando otras alternativas y recordamos que existen otras categorías migratorias disponibles que los solicitantes pueden explorar.

¿Faltó difusión de esta categoría especial?

Sí, probablemente. Por limitaciones presupuestarias no pudimos realizar campañas masivas, sin embargo, siempre publicamos información en nuestra web y redes sociales. Actualmente desarrollamos una estrategia de comunicación para mejorar ese acercamiento a la ciudadanía.

Reformas en la legislación

Sobre si cree que la legislación actual requiere reformas, Badilla dijo que la ley vigente es robusta y reconocida internacionalmente. “Nos permite actuar con agilidad mediante reglamentos, decretos y protocolos. Aunque hay artículos que podrían mejorarse, en términos generales la normativa es suficiente para enfrentar los desafíos actuales y futuros”.