“Tenemos que preocuparnos por lo que nos cuestan por incompetentes”

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, cuestionó el elevado presupuesto que destinan las superintendencias al pago de salarios, el cual asciende a ¢20 mil millones anuales.

Durante su conferencia de prensa semanal, y en respuesta a una consulta de Diario Extra sobre la posibilidad de una reestructuración en estas entidades, el mandatario lamentó que el país deba asumir cifras tan altas sin obtener, a su juicio, los resultados esperados.

“Yo no tengo competencia sobre esas entidades, lo que tengo es una preocupación muy seria.

Más que preocuparnos por lo que gastamos, tenemos que preocuparnos por lo que nos cuestan por incompetentes”, afirmó Chaves.

Sus críticas se enfocaron particularmente en Rocío Aguilar, exsuperintendente de Pensiones y de Entidades Financieras, y en Tomás Soley, superintendente de Seguros y Valores.

“Vea lo que pasó bajo Aguilar con la caída de Desyfin y Coopeservidores. Un año después, hay gente que no ha recibido nada. Y ahí anda Soley, asustando a la gente con informes provisionales del INS. Si se hubiera dado un daño financiero enorme por esa información falsa, ¿de quién habría sido la culpa?”, cuestionó el presidente.

Costo social

Según los datos disponibles, con los recursos destinados a remuneraciones por parte de las superintendencias y del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), se podrían financiar aproximadamente 2.702 bonos de vivienda, cada uno por ¢7,4 millones.

El monto de ¢20 mil millones representa el 60% del presupuesto total del Conassif, de los cuales cerca del 48% corresponde a la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), que lidera el gasto en la mayoría de las partidas.

Por concepto de remuneraciones se incluyen salarios base, horas extra, recargo por funciones, antigüedad, dedicación exclusiva, aguinaldo, salario escolar y contribuciones a la seguridad social.

El presupuesto total más el Conassif es de ¢33 mil millones. 

Este tema ha generado discusión en la Asamblea Legislativa, donde se han presentado diversas propuestas para reformar el sistema de fiscalización financiera y evaluar la eficiencia del modelo actual.