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La violencia criminal cobra cada vez más víctimas entre personas menores de edad. Solo en lo que va de este año, al menos 27 niños y adolescentes, entre 1 y 17 años, murieron de forma violenta en Costa Rica. La cifra representa un aumento de 11 casos respecto al año anterior y confirma una tendencia que especialistas consideran alarmante.
“Evidencia lo que he señalado muchas veces: tenemos el futuro secuestrado. Son niños y adolescentes instrumentalizados por redes criminales. Algunos resultan asesinados como víctimas colaterales, otros ya estaban involucrados en estructuras criminales”, señaló la criminóloga Tania Molina a Diario Extra.
Según explicó, muchos menores son reclutados como campanas, mensajeros o microtraficantes por su condición de inimputabilidad. También son utilizados para distribuir, movilizar e incluso vender droga en comunidades donde el Estado no logra intervenir a tiempo.
“El narcomenudeo es la mayor fuente de violencia en el país y deja en medio del fuego cruzado a la niñez y adolescencia”, añadió Molina. Para ella, la fragmentación institucional y la falta de inversión social han permitido que los grupos criminales ganen terreno.
Es importante recordar que el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) cuenta con al menos 12 programas preventivos, dirigidos a diferentes sectores de la sociedad, con los cuales se trabaja para combatir la criminalidad y la delincuencia, principalmente con adolescentes y niños.
Por lo que la Fuerza Pública es la policía encargada de la prevención, por eso una de las prioridades es brindarles a los ciudadanos capacitaciones para que adopten una mejor cultura.
Reclaman intervención inmediata
Ambos especialistas coincidieron en la urgencia de implementar una estrategia nacional articulada que intervenga directamente en las zonas vulnerables. Propusieron becas, talleres y programas de mentoría, así como el fortalecimiento de la inteligencia policial para desarticular las redes que explotan menores.
“La prevención no puede seguir siendo postergada. No se trata solo de crear leyes, se necesita presupuesto, tecnología y personal capacitado para hacerlas cumplir”, reclamó Arias.
Por su parte, el ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, reconoció que el crimen organizado recluta cada vez a jóvenes de menor edad, lo que incrementa el riesgo y los homicidios. Según datos del OIJ, esta tendencia tiene un impacto cada vez más letal.
“Estamos hablando de menores asesinados por haber sido captados por las organizaciones. Es una realidad que no se puede seguir ignorando”, expresó el ministro.
Estado ausente, crimen presente
Mario Arias, experto en crimen organizado, advirtió que el país carece de una estrategia clara para impedir que los menores sean atraídos por el narcotráfico. “Mientras el Estado llega tarde, el crimen actúa rápido, ofreciendo dinero, falsa protección y sentido de pertenencia”, afirmó.
Arias identificó al menos 30 puntos críticos en las siete provincias donde el reclutamiento de menores es constante. Denunció que, según él, el Ministerio de Educación no recupera a los desertores escolares y que la policía llega solo después de los hechos.
“No es solo un problema de seguridad, es una negligencia institucional. Las becas ‘Avancemos’ fueron recortadas. Las instituciones trabajan como islas y no hay un plan nacional para detener el reclutamiento juvenil”, agregó.

