En momentos en que se forman filas para recibir una dosis de las vacunas contra el Covid-19 en las áreas de salud, hay quienes decidieron no vacunarse.
En este caso, hablamos de alrededor de 500 funcionarios de centros médicos que tomaron la decisión de no aplicarse la vacuna porque aseguran que en este momento no hay seguridad de que este medicamento sea realmente efectivo, sin embargo, esta convicción les ha costado muy caro.
Ya a muchos de estos funcionarios les comenzaron a abrir procesos administrativos y lo que temen es que terminen en despidos.
Dentro de los argumentos de estas personas están que los tres requisitos que debe haber para que se declare el uso de emergencia de una vacuna están que haya una alta letalidad y en la actualidad en Costa Rica esta es de un 0,1 %, segundo, debe haber otro medicamento similar para comparar y no lo hay porque este es un producto totalmente nuevo, y tercero, que no haya una opción terapéutica y si las hay.
DIARIO EXTRA pudo conversar con dos de estos trabajadores de la salud que dijeron no a las vacunas, a quienes, por motivos de seguridad para evitar represalias, llamaremos Carla y Martín.
El primero de los casos, Martín, es un farmacéutico con muchos años de experiencia en este campo y asegura que esto fue lo que lo llevó a tomar esta decisión. Recordó que cuando el año anterior se comenzó a hablar de la vacunación, él dijo que se la aplicaría en unos 3 años, cuando ya esté debidamente comprobado que funcionan.
Martín comentó: “En el ambiente laboral nos comenzaron a ningunear, nos invisibilizaron, después empezaron las críticas, nos comenzaron a tratar de locos e ignorantes y yo siendo farmacéutico qué voy a ignorar de medicamentos”.
Para este farmacéutico, dentro de lo más preocupante es que hay malos tratos de los compañeros, porque se ha creado un ambiente de un discurso de odio contra los que no quieren vacunarse, al punto de que han perdido amistades.
Este trabajador de la salud expresó que las mismas casas farmacéuticas, en su consentimiento informado que envían a la FDA, que es la encargada de darle el visto bueno a los medicamentos, dicen que usted puede elegir si se vacuna o no, además, no hay ninguna vacuna aprobada, ni tampoco dan seguridad de que proteja.
“Aquí citan que el derecho privado está por encima del derecho público, pero la declaración universal sobre bioética y derechos humanos dice que los intereses y el bienestar de las personas deberían tener prioridad con respecto al interés exclusivo de la ciencia”, concluyó Martín.
Carla, por su parte, dijo que ella no se ha vacunado porque no está comprobada la efectividad de las dosis, ya que están en fase experimental, y porque duda del bien que le pueda hacer.
“Nos tratan mal, nos dicen que tanto haber estudiado para ser tan tontos por creer en lo que sale en los medios internacionales, el ambiente laboral se volvió muy difícil”, comentó Carla.
Carla dijo: “Los superiores nos dicen que si no queremos vacunarnos van a tener que aplicarnos los procesos administrativos porque son ordenes que están recibiendo de arriba, con estas represalias a lo que nos están obligando es a vacunarnos con una sustancia de la que estamos dudando”.
Esta funcionaria afirmó: “Nos sentimos amenazados porque nos dicen que estos procesos que se están abriendo pueden concluir en un despido sin responsabilidad patronal, claro que eso lo pone a uno a pensar”.
Además, ella contó que la Caja tienen dentro de su normativa un apartado donde se castiga la infidelidad hacia la institución y por esto no realizan la denuncia de manera pública, porque les podría afectar en el trabajo.
Estos trabajadores finalizaron diciendo que si Costa Rica, que es un país de derecho, se salta los convenios internacionales, que están por encima de la Constitución, “si hoy vienen por nosotros los funcionarios de la Caja que no queremos vacunarnos hasta esperar seguridad, mañana vendrán por nuestros hijos”.